El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, alertó sobre el incumplimiento del Gobierno Nacional a la sentencia que protege los derechos fundamentales de salud, acceso al agua y seguridad alimentaria de niños y niñas del pueblo Wayúu.
Esta alerta, la hizo ante la Corte Constitucional y el Tribunal Superior de Riohacha donde además se mostró en desacuerdo con el otorgamiento de un nuevo plazo para la ejecución de las órdenes, ante la falta de políticas públicas eficaces y el poco avance en el diálogo con las comunidades.
En medio de su declaración dijo que "los resultados de los intentos para construir los indicadores de medición cumpliendo las condiciones exigidas por la Corte Constitucional, así como los derivados de las consultas realizadas en diciembre de 2019, no pueden ser aceptados, pues reflejan ineficiencia e ineficacia de las acciones, tras dos "años y medio de notificada la sentencia, mientras las consecuencias de estos intentos se miden en pérdidas de vidas humanas de los niños Wayúu".
Agregó, que a partir de un informe del Instituto Nacional de Salud, que corresponde a la semana 39 de este año, en este departamento han muerto 30 niños menores de cinco años por desnutrición o causas asociadas a ella.
Dijo, que después de dos años y medio de notificada la sentencia el Gobierno, “no cuenta con una línea base desconoce la forma de implementar en el territorio su oferta institucional y no cuenta con sistemas de información que le permitan identificar la población objeto de atención y realizar una selección objetiva de beneficiarios. La carencia de esta información hace imposible adoptar políticas públicas eficaces”.
Para el jefe del ente de control el Gobierno nacional no ha logrado coordinar un plan integral y concreto de acción que permita superar la crisis, no ha garantizado un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu, ni cuenta con personal capacitado y conocedor de sus usos y costumbres.
