Este lunes, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que ocho personas, presuntamente integrantes del Eln y señaladas de participar en el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, en 2019, fueron judicializadas.
De acuerdo con el ente acusador, el material probatorio obtenido en articulación con la Policía, permitió esclarecer el rol que habrían desempeñado los supuestos responsables en la acción terrorista.
Los capturados pertenecerían a dos estructuras del Eln: el Frente de Guerra Oriental y el Frente de Guerra Urbana.
Por el hecho, en el que murieron 22 personas y otras 89 resultaron heridas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó delitos a las siguientes personas:
Andrés Felipe Oviedo, alias Jesús o Barbas, habría planificado el ataque bajo las órdenes del Comando Central del Eln. Le fueron imputados los delitos de homicidio en persona protegida, y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, ambos en concurso homogéneo. Además, terrorismo en concurso homogéneo y rebelión. Se investiga asimismo su posible participación en dos atentados más, contra sedes del fondo Porvenir en Bogotá, ocurridos en 2015.
Angie Lorena Solano, alias Maco, sería quien acompañó en motocicleta, el carrobomba durante su recorrido. Se le imputaron homicidio en persona protegida, y homicidio en persona protegida en grado de tentativa, terrorismo y rebelión.
Carlos Arturo Marín, alias Marín, también habría estado a bordo de la motocicleta, por lo que se le imputó terrorismo. Por su avanzada edad y estado de salud, fue cobijado con detención domiciliaria.
Jessica Catherine Barrientos, alias Jessica, habría financiado el atentado en su calidad de supuesta integrante de la Comisión de Finanzas del Frente de Guerra Oriental. Se le imputó financiación al terrorismo, terrorismo y rebelión.
Miguel Antonio Castillo, alias Toño, es propietario de dos empresas queseras de Arauca y Bogotá, con cuyos dineros se habría financiado el atentado. Se le acusó de financiación al terrorismo, terrorismo y rebelión.
Asimismo, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó delitos a las siguientes personas, que habrían participado en una red de blanqueamiento de dinero obtenido de forma ilícita, destinado a ésta y otras acciones terroristas:
Carlos Felipe Mateus y Sebastián Mateus, encargados de dirigir comercializadoras de lácteos, que habrían servido como fachada para legalizar dineros del Frente de Guerra Oriental. Además, habrían camuflado armas entre quesos y otros lácteos para transportarlas. Ambos son hermanos de Álvaro José Mateus, capturado en 2019 y condenado a cerca de ocho años de prisión.
Anyi Daniela Martínez, alias Dani, era empleada de la empresa de lácteos El Arauqueño y habría manejado durante varios años los dineros de dudosa procedencia. A ella se le acusa como responsable de haber transferido unos 1.500 millones de pesos a la estructura del Eln que ejecutó el atentado. Fue cobijada con detención domiciliaria puesto que padece una enfermedad que requiere tratamiento médico especializado.
En otro proceso contra los hermanos Mateus, se aplicaron medidas cautelares de extinción de dominio a varios de sus bienes, como la Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldama S.A; los locales comerciales Lácteos Villa Yulita, Quesera Los Andes, Distriquesos F.F., y Lácteos Villa Esperanza; así como cuatro vehículos.
