Además de las peticiones de los extraditados más sanguinarios del país para someterse ante la JEP, varias bandas pidieron pista para unirse a la paz total a cambio de ser juzgados por esa jurisdicción y no por la justicia ordinaria, como normalmente ocurre.
Las puertas de la JEP las han tocado desde narcotraficantes como Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta bandas urbanas de crimen organizado como “Los Pacheli”. Esta última fue la más reciente en solicitar su ingreso a dicha Jurisdicción como una de las peticiones para iniciar diálogos con el Gobierno.
A través de un documento de 44 páginas –en poder de este diario– los grupos armados argumentan que “la sociedad en general, tiene el derecho a conocer los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se cometieron las infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, por lo que piden que “el Ministerio Público en coordinación con la Fiscalía General de la Nación deberá garantizar este derecho, ante la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Así las cosas la palabra “JEP” aparece otras cuatro veces en el documento con el que las bandas se ofrecen a negociar: para asegurar que la Jurisdicción será el “juez natural”, para pedir una “una corrección alternativa” y para pedir un tratamiento especial a la extradición.
El abogado de “Los Pacheli”, Alberto Morales Córdoba, aseguró que con esto “no buscan impunidad”, sino penas alternativas que se puedan pagar, por ejemplo, “en centros de acogimiento por un período establecido y acordado por las partes, con derecho al subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena de acuerdo con la gravedad de la infracción, su restauración y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los hechos y las garantías de no repetición”, tal como reza el documento.
Puerta abierta a los “paras”
De igual modo, varios de los exjefes paramilitares han pedido pista para ingresar como comparecientes a la JEP y obtener los beneficios de la Jurisdicción. Pese a que antes habían sido negados, la Jurisdicción dio un giro interesante con el que ahora podría recibir, incluso, a quienes ya fueron extraditados.
Esa nueva ventana se abrió con el más reciente macrocaso que abrió la JEP: todo un expediente que investigará los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en asocio con grupos paramilitares y terceros civiles.
Ese solo cambio permitió, por ejemplo, que la JEP anunciara este miércoles que podría recibir a Salvatore Mancuso y a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, si logran demostrar que fueron eslabones claves para lograr las alianzas entre policías y militares con dichos grupos alzados en armas.
Lo importante aquí es que, si logran ingresar, dejarán abonado un camino para Otoniel y para otros de los “paras” que han intentado ingresar durante los 4 años que lleva trabajando la Jurisdicción Especial.
De hecho, el mismo presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, se ha mostrado abierto a la idea de recibir a excombatientes del ELN tras una eventual negociación.
¿Por qué la JEP?
La razón es simple: además de que la JEP fue diseñada con un enfoque específico en organizaciones armadas pertenecientes al conflicto armado, sus beneficios para quienes empiezan a contar la verdad son, de lejos, mucho más amplios que las de la justicia ordinaria.
Los más codiciados, por su puesto, son la libertad anticipada y la reducción de penas. Para los comparecientes actuales de la JEP –que por ahora solo son exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc, de la Fuerza Pública y terceros civiles– pueden solicitar en un corto plazo recibir la libertad anticipada y condicionada y penas que no son punitivas, sino restaurativas.
En palabras sencillas, un compareciente de la JEP puede librarse de sus múltiples años de condena en la cárcel a cambio de contar todo lo que sabe sobre el conflicto, reparar a las víctimas y no reincidir en sus conductas. A ese conjunto se le conoce como justicia restaurativa.
Quintero se une a “Paz total”
Mientras esas “peticiones” siguen avanzando, la idea de la “paz total” del presidente Gustavo Petro parece dar pasos agigantados con el resto de los actores.
Este jueves, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, conversó con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para coordinar puntos de partida para la negociación con las demás estructuras armadas de la región.
“Hoy la ciudad significa un epicentro de actividades criminales, 10 de los 22 grupos armados organizados que tiene el país tienen influencia en la ciudad y el Área Metropolitana. Todas las apuestas que conduzcan a quitarle los niños al conflicto y reducir las violencias son bienvenidos en esta administración”, dijo Quintero.
En paralelo a esos movimientos de Rueda, las disidencias de las Farc también anunciaron un cese al fuego para demostrar su voluntad de paz.
A través de un comunicado, el Frente 36 de las disidencias dijo que se “acogerá al llamado de un cese al fuego multilateral” como un “gesto humanitario” para iniciar conversaciones con el Gobierno nacional.
El respaldo a esa idea ha sido tal, que hasta el alcalde de Caucasia, Antioquia, dijo estar esperando la luz verde del Gobierno para iniciar acogimiento de ilegales en la subregión del Bajo Cauca.
