Con la noticia de la captura de Emilio Tapia en Barranquilla se dispararon las alarmas en Medellín y Antioquia. Al menos tres personas le contaron a EL COLOMBIANO que el cuestionado contratista, condenado por el cartel de la contratación de Bogotá, estuvo hace tres meses buscando casa en Llanogrande, Oriente antioqueño.
Este diario se comunicó con un agente inmobiliario de la zona que conoce el caso y lo confirmó: “El señor Tapia estaba buscando una casa. El requerimiento que a mi me mandaron fue: en Llanogrande, con pesebreras, y casa o espacio para escoltas. Lo quería en alquiler y estaba dispuesto a pagar 20 millones de pesos mensuales”.
El Colombiano pudo verificar dos casos de personas reconocidas de la ciudad, e incluso del país, a quienes les hicieron ofertas por sus propiedades. En ambos casos la respuesta de estos personajes fue no. Adicionalmente, Tapia fue visto en el centro comercial Jardines de Llanogrande con escoltas y a bordo de dos camionetas Toyota.
Según información de una de las personas que fue contactada, Tapia llegó a Rionegro en una avioneta privada. El detalle es interesante porque cuando este cordobés, nacido en Sahagún, estuvo moviendo los hilos del carrusel de la contratación de Bogotá solía transportarse también en un avión privado. En un principio se decía que era de su propiedad, pero el propio Tapia alegaba que no era suyo sino que lo contrataba por horas.
No es claro cómo Tapia podía caminar como Pedro por su casa por el país si fue condenado en 2015 a 17 años de cárcel por el mencionado carrusel (aunque luego el Tribunal de Bogotá le redujo la pena por su colaboración) y luego le adicionaron 3 años más por lavado de activos.
Hace poco más de dos años le dieron casa por cárcel y, además, un juez de Barranquilla le dio libertad condicional. Sin embargo, hace un año un juez de Bogotá revocó esa libertad porque, argumentó, el togado de Barranquilla no tuvo en cuenta la gravedad del delito de Tapia.
Tapia fue uno de los cerebros del cartel que saqueó a Bogotá a punta de contratos en los que se cobraban mordidas de 8 por ciento de cada contrato. Él con el alcalde de entonces Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno crearon un modelo de corrupción en el cual ‘compraban’ fichas clave de los entes de control y de esa manera evitaban ser investigados. Sin embargo, finalmente se destapó esa olla podrida y terminaron condenados.
En esa época, Tapia vivía en una casa de lujo en San Simón, un conjunto residencial en las afueras de Bogotá
Otras capturas por escándalo en MinTic
Hasta la Clínica La Misericordia, en el norte de Barranquilla, llegó un grupo especial de la Fiscalía con una orden de captura en contra del condenado empresario cordobés Emilio Tapia. La razón: está acusado de ser parte de un posible entramado de corrupción que tiene en riesgo de pérdida $70.000 millones de un anticipo que le giró el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a la Unión Temporal Centros Poblados, dentro de un contrato por $1,07 billones para llevar internet a escuelas de 15 departamentos.
El Colombiano conoció que la captura la ejecutó, pasadas las 7:00 am de este lunes, el CTI de la Fiscalía de Barranquilla y funcionarios de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quienes viajaron desde Bogotá para completar un operativo que se ejecutó a la par en Medellín, con las detenciones de Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, también investigados por el escándalo en Min TIC.
¿Por qué las capturas? A Tapia, condenado por ser el cerebro del “cartel de la Contratación” en Bogotá, se le señala de ejecutar irregularidades a través de ICM Ingenieros, una de las firmas de la Unión Temporal que –según la Fiscalía– controlaría por interpuesta persona (un excuñado). Esta empresa terminó recibiendo $12.000 millones del anticipo perdido.
Por su parte, a Duque, como representante legal de Centros Poblados, se le investiga por las falsas garantías bancarias que llevaron a la adjudicación del contrato, y por incumplimientos en las obras. En el caso de Laverde, es por ser el representante de Rave Seguros, empresa a la que contactó la Unión Temporal para que se encargara de tramitar las pólizas del contrato que el banco Itaú terminó denunciando como fraudulentas.
Las diligencias se dieron siete días después de que la justicia levantara el velo corporativo de todas las empresas y socios de la Unión Temporal. Las respectivas audiencias se esperan hacer este martes.
