El último día de Fernando Carrillo en el cargo, la Procuraduría ratificó la destitución e inhabilidad por 20 años de los patrulleros Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz por el homicidio del abogado Javier Ordóñez.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría consideró que, en efecto, Lloreda y Rodríguez son responsables de dos faltas gravísimas por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio.
El 29 de octubre del año pasado –un mes y 20 días después del homicidio de Ordóñez– la Procuraduría dictó la sanción en primera instancia, al considerar que las pruebas recolectadas en el CAI Villaluz, donde fue trasladado Ordóñez, eran contundentes para determinar que el abogado falleció por los golpes de los patrulleros.
Ordóñez fue trasladado, en la madrugada del 9 de septiembre de 2020, al CAI de Villaluz, en el noroccidente de Bogotá, después de tener un altercado con los dos policías. En videos que circularon en redes sociales, se veía cómo los patrulleros sometían con un taser a Ordóñez, a pesar de sus pedidos para que parara.
De acuerdo al fallo leído en la audiencia de ese 29 de octubre, el ciudadano “nunca recibió auxilio o atención a pesar de sus lamentos y desesperación por las dolencias que lo afectaban” y murió a causa de una “inmensa hemorragia producida por el estallido de un riñón”.
En esa ocasión, Lloreda y Rodríguez aseguraron que lo que hicieron fue terminar una riña en la que estaba involucrado Ordóñez.
Sin embargo, después de haber sido electrocutado, el Ministerio Público demostró que los patrulleros llevaron a Ordónez al CAI donde después de esposarlo y dejarlo en un estado de indefensión, lo golpearon “hasta cuando ya no se movía ni daba alguna muestra de vida”.
El ente disciplinario también aseguró que el hecho de golpear en la espalda y a la altura de la región lumbar, con tanta fuerza, a alguien que no se podía defender, demuestra “indudablemente” que la intención de los patrulleros era acabar con la vida de Javier Ordóñez.
