Una reunión privada en la Casa de Nariño, realizada a inicios de esta semana, derivó en que el presidente Gustavo Petro decidiera ponerle freno a la norma con la que les ofrecía beneficios claros a los integrantes de las narcobandas que decidieran sumarse a su propuesta de paz total.
Y no es que desista del proyecto, pero sí le ordenó a su equipo político que saque del articulado que va rumbo al Congreso al menos 70 de los 90 artículos que tiene el borrador y que –hasta que no se den luces más claras sobre la verdadera intención de las bandas de dejar la ilegalidad– no se deje ningún tema relacionado con rebaja de penas.
Este reversazo, de acuerdo con varias fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, tiene que ver con una serie de informes de inteligencia que advierten de un posible plan de grupos como Los Rastrojos y –entre otros– los Comandos Frontera (narcodisidencias que opera en la línea limítrofe con Venezuela y Ecuador) de comenzar el 2023 con una serie de ataques terroristas y a la Fuerza Pública para mostrar músculo militar de cara a una eventual negociación.
Petro, algo molesto, le dijo a su ministro del Interior, Alfonso Prada, que esa advertencia no se puede pasar desapercibida y que, por lo tanto, el articulado de la norma debe modificarse. El primer impacto es que la serie de artículos en los que se contempló una reducción de penas de hasta un 60 por ciento, y la posibilidad de que se apliquen los principios de la justicia restaurativa para que no se den condenas efectivas de cárcel, salieron del texto.
Otro de los ministros que está con este tema, el de Justicia –Néstor Osuna–, también recibió la instrucción de tumbar del borrador normativo el articulado que les permitió a los capos quedarse con un 10 por ciento de las fortunas ilegales que amasaron a través del narcotráfico a cambio de delación y entrega de socios que no se sometan a la justicia. Este punto, del que el propio comisionado de Paz, Danilo Rueda, habló con voceros de las bandas, quedó en una especie de cuidados intensivos, porque el Ejecutivo sabe que ahí hay una llave importante para cimentar los acercamientos.
Todo esto, en plata blanca, se traduce en que la norma para negociar con narcobandas sí llega al Congreso, pero sin los artículos que tocan o reforma el Código Penal.
Eso sí, Petro fue explícito con Prada y Osuna en que la iniciativa debe llegar al Congreso en febrero –por lo que podría haber citación a sesiones extras (el periodo legislativo comienza en marzo)– y con mensaje de urgencia para que su trámite sea rápido.
Además, según estableció este diario, quedó claro que, si las negociaciones con las narcobandas comienzan a andar por buen camino, habrá otro proyecto de ley –también con mensaje de urgencia– para revivir los beneficios penales. Todo depende, de acuerdo con lo dicho en la cita privada en Palacio, de que la amenaza terrorista de la que advirtió la inteligencia militar no se materialice.
