jueves, 09 diciembre 2021
martes 19 de octubre de 2021 - 7:15 PM

Se mantiene vigente decreto que reglamenta transporte público de lujo

El Consejo de Estado negó la solicitud que realizó el Gobierno Nacional para que se suspendiera provisionalmente el decreto por medio del cual se reglamentó las condiciones para la prestación del servicio público de transporte de taxis y vehículos de lujo hace seis años.
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El Gobierno solicitaba que se suspendiera esta medida (Decreto 2297 de 2015), mientras se enjuiciaba su legalidad, pues aseguraba que el acto administrativo fue expedido sin tener en cuenta las consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sobre las barreras a las plataformas tecnológicas y las originadas por la limitación en los cupos de los taxis.

Según la solicitud, esas supuestas falencias constituyeron un desconocimiento del mandato del artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, que establece la competencia de la SIC frente a la regulación de los mercados, entidad que debe rendir concepto previo cada vez que se reglamente un campo determinado.

El Gobierno también aseguró que la reglamentación se expidió sin tener en cuenta lineamientos o recomendaciones internacionales, en detrimento de la libre adopción de tecnologías exigida por la ley, provocando una irregular restricción de los proveedores de redes en la prestación de servicios.

Como primera medida, el Consejo de Estado aclaró que el supuesto desconocimiento de los lineamientos internacionales sobre la libre adposición de plataformas tecnológicas y las circunstancias que permiten establecer restricciones en este campo ya fueron examinados en el auto del 20 de abril del 2021, por medio del cual se rechazó la solicitud de suspensión provisional por extemporánea.

La alta corte negó las pretensiones de suspensión provisional del decreto y aclaró que si bien la SIC presentó objeciones frente a la limitación al uso de las plataformas digitales en la prestación de servicios de transporte de lujo, el incremento en las fallas del mercado de taxis, la afectación de la competencia, entre otros problemas del proyecto de decreto demandado, en él se señalan las suficientes motivaciones por las cuales el Gobierno explica por qué se aparta de tales consideraciones.

También explicó que en el decreto se señaló que lo que se buscaba con este era incentivar la creación de empresas para prestar el servicio de lujo, que las empresas del servicio básico participaran y que el facultar al Ministerio de Transporte para habilitar a las plataformas tecnológicas pretendía que los usuarios tuvieran certeza sobre las empresas que seguían los parámetros técnicos exigibles.

Añadió que "no se modificó lo relativo a la asignación de matrícula y la capacidad trasportadora, pues se señaló que lo que debían hacer las autoridades de transporte era enviar al Ministerio el estudio que soportara el parque automotor en su jurisdicción".

A juicio del Consejo de Estado, estas circunstancias evidencian que las autoridades demandadas no desconocieron los mandatos que se señalaron como quebrantados, lo que condujo a negar la solicitud de suspensión del decreto, mientras se determina si este se ajusta o no a derecho.

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