Comprometidos con la verdad
Luego de las revelaciones hechas por el excongresista Gustavo Bolívar sobre un presunto patrón en un gran número de casos de acoso y abuso a mujeres en el legislativo colombiano, el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó adelantar una investigación sobre estos hechos.
Pero el asunto ha ido más allá de las paredes del capitolio, pues en las últimas semanas, denuncias de este tipo han salpicado a excongresistas, hoy altos funcionarios del Estado, como al actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, señalado por posiblemente haber acosado a una mujer cuando él ejercía funciones de senador de la República, durante un proceso de selección para trabajar en su equipo. Lizcano calificó de “falsa” la acusación en su contra.
Otro hecho de este tipo salpicó a Víctor de Currea-Lugo, cuya designación como embajador ante los Emiratos Árabes Unidos suscito una inmediata y agria polémica por los supuestos casos de acoso en que este habría incurrido, lo que lo llevó a su declinación del cargo diplomático al que había sido designado por el presidente Petro.
Ante este panorama, expertos consultados por Vanguardia hablaron sobre la posibilidad de que en Colombia esté consolidándose una especie de versión local del movimiento ‘Me too’, así como de la petición que se presentó en noviembre de 2022 en el Congreso para que el presidente haga la declaratoria de un Estado de Emergencia de Género, como estrategia para tratar de contener tantos casos de abuso en los diferentes ámbitos.
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Sobre este último aspecto, Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, explica que en este momento en Colombia existen unos estados de emergencia que, de acuerdo a la Constitución, son perturbaciones en lo económico, social o ecológico y, en este caso, lo que se está pidiendo es que a partir de las violaciones a los derechos humanos, violaciones de mujeres, adolescentes y niñas, se declare esta situación de emergencia, que le permita al Estado tomar decisiones de manera efectiva para proteger a las mujeres.
Sobre este mismo particular, Jorge Alberto Celis Correa, magíster en Derecho y director general del Grupo Jurídico Celis Correa SAS, explica que “declarar un Estado de Emergencia de Género no cabría en el sentido constitucional, porque la Constitución en sí no consagra ese tipo de estados y lo que podría darse es un Estado de Emergencia Social a partir de estos hechos tan desastrosos que viven las mujeres día a día respecto a los abusos sexuales y frente a la persecución, la discriminación y la violencia contra la mujer”.
Desde el punto de vista jurídico o normativo, explica Celis Correa, ya existen normas que previenen este tipo de conductas, entonces lo que hay que mirar y analizar es hasta qué punto el Estado, desde las diferentes ramas de poder, ha sido eficaz en el uso de estas normas, y si existen normas que efectivamente ayudan a prevenir la violencia hacia la mujer en sus diferentes matices.
Vale la pena recordar que el proyecto fue presentado el año pasado por la representante María Fernanda Carrascal, para que el mandatario colombiano y la vicepresidenta Francia Márquez, declararan un Estado de Emergencia de Género, tema que hoy se ha agitado de nuevo frente al asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, las denuncias de abuso sexual de niñas en el Guaviare y el asesinato de una niña de 10 años en el Huila.
‘Me Too’ (Yo También) es el nombre de un movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales. Surgió en octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual.
En este momento, en Colombia se habla de ‘Me Too’ en el ámbito de la política, por los recientes casos conocidos en el país, entre otros.
Sin embargo, Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, considera que se puede hablar de un ‘Me Too’ en la sociedad, más que en la política colombiana, porque no es un tema que se limite solo en ese ámbito. Por ejemplo, explica, antes de finalizar el año se registró un caso en el Sistema de Medios Públicos en RTVC, en Radionica: “Fue un escándalo gravísimo por acusaciones de acoso sexual que no fueron atendidas por las autoridades del sistema. Además, el escándalo del embajador nombrado ante Emiratos Árabes Unidos destapó todo este escándalo en las universidades, la manera como se incurre en intercambio de favores sexuales. Y, obviamente, están las revelaciones de Gustavo Bolívar en el Congreso. Entonces, lo que vemos es que están saliendo muchas mujeres a denunciar, pero pienso que es algo más de la sociedad, que no se limita exclusivamente a la política”.
Por su parte, Jorge Alberto Celis Correa, magíster en Derecho, argumenta que el ‘Me Too’ dentro de la política tendría una gran ventaja para los derechos de género, sobre todo para los derechos que protegen a la mujer, pues tendría un mayor impacto, algo que desde el punto de vista de los movimientos conservadores han querido tratar de minimizar, para desbaratar toda la lucha que han generado las mujeres frente al movimiento ‘Me Too’.
Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, recuerda que la ley colombiana tiene contempladas formas de protección para las víctimas y se ha garantizado por ejemplo, que las denuncias que se hagan a través de las redes sociales, la propia Corte Constitucional ha protegido esta forma de denuncia que sea anónima.
En este mismo sentido, Celis Correa, explica que quienes denuncien tanto en la comisión de investigación y acusación de la Cámara como en la Corte Suprema de Justicia pueden y deben garantizar la privacidad de estas personas. Por ejemplo, algunas medidas de protección o de garantía en muchos casos es cambiar los nombres o poner las iniciales de sus nombres.
En pleno escándalo por los casos de abuso sexual en el Congreso de la República, esa corporación presentó un protocolo para la prevención y la orientación institucional frente a conductas de violencia sexual que podrían suceder en el ámbito laboral y contractual en el Capitolio.
El proyecto está avalado por el Senado y la Cámara de Representantes y busca trazar un marco de acción para los casos de abusos sexuales que puedan presentarse en el hemiciclo.
Los tres componentes son:
1. La sensibilización y la capacitación para todos los congresistas, servidores públicos, contratistas, pasantes, practicantes, judicantes, personal tercerizado y personal de seguridad que cumple funciones laborales o contractuales dentro del Congreso.
2. La ruta de atención para que quienes han sido víctimas de cualquier violencia sexual en el Congreso puedan denunciar con dos mecanismos: uno de control interno disciplinario y de conocimiento de los casos a través los correos denunciasegura@senado.gov.co y denunciasegura@camara.gov.co, que estarán a cargo de un grupo de trabajo especializado, dependiendo de la mesa directiva de la Comisión Legal de Mujer; y otro externo, con el traslado a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía.
3. La no revictimización, con seguimiento y evaluación de cada caso y acompañamiento integral a las víctimas.
