La vicepresidenta señaló que las autoridades colocaron a su consideración la asistencia al evento, que se desarrolló en la cuenca del río Cacarica, Chocó. “Colocamos a su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento y les dije voy”, señaló la alta funcionaria.
“Cuando venía llegué al aeropuerto y se me arrimó un policía de los mandos de esta región y me dice: vicepresidenta, no está segura en la región, hay al parecer una información de algunos explosivos que han colocado en la región”, manifestó Márquez Mina.
Reconocimiento
Durante el evento, Márquez Mina manifestó que el Gobierno Nacional reconoce la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones a los derechos humanos y territoriales cometidas contra los pueblos negros de los territorios de la cuenca del Cacarica.
“Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia”, señaló la vicepresidenta.
Agregó que “reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros. Pedimos perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares de Génesis y Cacarica”.
La alta funcionaria indicó que “tal vez este reconocimiento público de responsabilidad sea poco para el compromiso y el desafío que tenemos de dignificar la vida de este pueblo en su diversidad en la región del Cacarica, pero lo que, si hay aquí es una disposición de voluntad para que junto a ustedes trabajemos en la trasformación de esa realidad que les ha tocado padecer”.
Resaltó que “como Gobierno Nacional, trabajaremos incansablemente, en el marco de nuestras competencias, para que la complicidad, aquiescencia y colaboración de miembros del Estado con grupos armados no se repita. Asimismo, hacemos un llamado a las instancias competentes para que sumen esfuerzos encaminados a romper con el silencio institucional y la injusticia histórica que significa la impunidad respecto de los determinadores y beneficiarios de estos crímenes”.