Tras el anuncio del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, de congelar los precios del servicio de acueducto, analistas estudian los pros y contras desde lo financiero y lo legal. Esta decisión se suma a las hechas por el presidente Petro y el alcalde de Medellín.
Comer y transportarse sigue siendo lo más caro para los colombianos desde 1999. Y ahora se le suma el gasto de educación. Este panorama lo evidenció ayer el Dane con el dato de inflación de febrero, cuyo acumulado en 12 meses asciende a 13,28 %, mientras que en Bucaramanga llega a una variación anual del 13,33 % en los precios.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le solicitó al presidente Gustavo Petro congelar las tarifas de los servicios públicos donde opera EPM. Ante esta pretensión, Andesco, gremio de servicios públicos, precisó que esto puede poner en riesgo la prestación del servicio y la parte financiera de las empresas.
El gremio precisó que las decisiones que se tomen en temas regulatorios de servicios públicos en Colombia deben conservar los principios de suficiencia financiera y reconocimiento de costos eficientes, teniendo sin duda como objetivo una adecuada prestación del servicio a los usuarios del país.
La Asociación Colombia de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) manifestó que es importante que las decisiones que tome el presidente, Gustavo Petro, luego de reasumir las funciones de regulación de servicios públicos en Colombia, estén basadas en análisis técnicos.
¿Por qué las tarifas de energía eléctrica están altas? ¿Cómo funciona ese mercado? Estas y otras preguntas se han generado, tras el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de regular los servicios públicos.
