Comprometidos con la verdad
“He solicitado al gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y su junta directiva revisar con las autoridades competentes las implicaciones que tiene congelar el incremento de tarifas de agua por 6 o 12 meses y buscar una fórmula para no afectar el funcionamiento de la empresa de los bumangueses”.
Con este anuncio el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, se sumó esta semana a la ola de mandatarios locales y nacionales en procurar la congelación de tarifas de servicios públicos.
El primero fue el presidente Gustavo Petro, quien a finales de enero anunció que asumiría el control de precios y políticas de las tarifas de servicios públicos de Colombia. Eso se hizo efectivo con el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, con el que reasumía, por tres meses, algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en servicios públicos domiciliarios.
Hay que recordar que por mandato constitucional estas funciones se delegaron a las comisiones de regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA) y de Energía y Gas (Creg).
Pero a principios de marzo, el Consejo de Estado suspendió dicho decreto, que otorgaba funciones al presidente para el control de los servicios públicos, especialmente en la fijación de precios, una labor que no tenía un mandatario nacional desde 1994.
Otro que se sumó fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien solicitó al jefe de Estado congelar el cobro de los servicios públicos en los departamentos operados por EPM, que incluye Santander.
La razón que expresó Cárdenas fue la misma que utilizó en su momento Quintero: cuidar el bolsillo de las personas.
“Desde el Estado debemos aportar para contener la inflación que viven todas las familias hoy en Colombia y evitar que pierdan sus puestos de trabajo; pero el esfuerzo debe ser colectivo, por eso es importante que todas las empresas prestadoras de servicios públicos se sumen”, dijo el alcalde de Bucaramanga en su cuenta de Twitter.
Ante estos anuncios se han conocido reacciones de analistas, académicos gremios y políticos, quienes ven con cautela un posible congelamiento de tarifas.
“Las consecuencias serán escasez y reducción de la oferta del servicio. Los usuarios terminaremos pagando el costo con el tiempo. Pésima idea”, sostuvo la economista e historiadora María del Pilar López.
O lo que advirtió Gregorio Gandini, profesor de comportamiento de la Economía y mercados financieros: “Implementar una rigidez en la formación de precios de un mercado tarde o temprano termina pasando factura... ya que al no dejar fluir el mercado pospone lo inevitable”.
Para el caso del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), como empresa de servicios públicos domiciliarios tiene la libertad de fijar tarifas, pero de manera regulada conforme a lo que establece el artículo 367 de la Constitución, y los criterios y metodologías trazados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Asimismo, según el numeral 26 del artículo 44 de los Estatutos Sociales del amb, le corresponde a la junta directiva fijar las tarifas.
Y en estos meses en que el país y los municipios del área metropolitana han experimentado la inflación, el amb explicó, en su momento, que el aumento en el servicio del agua es consecuencia de la inflación, ya que la entidad ajusta la tarifa de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), entonces el servicio no es la causa de la inflación, sino al revés, es un fenómeno cíclico.
Además, la tarifa se ajusta cada que el IPC sube en 3 % acumulado en un periodo y se ve reflejado en el consumo de las facturas de los próximos meses, no en los pasados o actuales.
Como sucedió en octubre 27 de 2022, cuando el gerente del amb ajustó las tarifas de acueducto porque se presentó un incremento del 3,22 % acumulado del IPC desde abril de 2022 hasta agosto de 2022.
Entonces, el cargo fijo quedó en $9.241,29 por suscriptor cada mes y el cargo por consumo en $2.755,39 por metro cúbico de agua.
Y al revisar la variación de precios del servicio de acueducto y alcantarillado, el Dane precisa que para febrero del 2023 el suministro de agua registró un alza del 0,38 % respecto a enero, mientras que en el primer mes del año se ubicó en 0 % versus diciembre del 2022.
Es decir, según el Dane, el servicio de agua en Bucaramanga ha permanecido estable en los últimos meses, sin mayores variaciones que comprometan el bolsillo de los usuarios. Eso sí, la variación anual de este servicio se ubicó en 12,02 % entre enero del 2022 y enero del 2023.
En cuento al servicio de alcantarillado, el Dane puntualizó que este presentó una variación mensual negativa para febrero con -0,52 % respecto a enero de este año, mientras que en ese primer mes la variación fue del 0 % versus diciembre del 2022, una tendencia a la baja en el precio de este servicio.
También hay que aclarar que en la factura se cobra agua, acueducto y aseo, de esos tres el agua representa en promedio el 50 % del precio total, el porcentaje restante se divide en los otros dos servicios.
Qué dice el gerente
Sobre el anuncio del alcalde Cárdenas de congelar las tarifas, Alejandro Estrada, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, le dijo a Vanguardia que la estructura tarifaria está definida y la aplicación del IPC en la tarifa también está definida como la herramienta de mantener la suficiencia financiera de la empresa ante la inflación.
“Actualmente, de acuerdo con la solicitud del alcalde, se está revisando qué impactos se podría presentar en la prestación del servicio, y cuáles tendría en una decisión de estas a corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, salvaguardando la sostenibilidad de la empresa, su capacidad operativa y la ejecución de los proyectos de expansión que buscan garantizar el agua en los próximos 40 años”, precisó Estrada.
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Ante este juego de decisiones, Jorge Luis Navarro España, profesor del programa de Economía de la UIS y magíster en Gestión y Políticas Públicas, explica que, desde el punto de vista financiero, lo que se debe revisar es si el cambio tarifario permite cubrir los costos de operación y administración del amb.
“En el mismo sentido, se debe evitar el uso populista o demagógico de la fijación de tarifas. Todo debe responder a la sostenibilidad financiera de la provisión del servicio”.
En esto coincidió el economista Mateo Rivera, quien mencionó que el alcalde Cárdenas apeló a la misma estrategia populista de Daniel Quintero con EPM. “Los dos quieren seguir los pasos del presidente Petro. En última, Cárdenas solo está botando corriente o tirando el anzuelo, que si le sale, bien y sacará pecho; y si no le sale, dirá que lo intentó, pero no lo dejaron”.
La otra arista, según Navarro, es la jurídica. Es analizar si los cambios están acorde con la normatividad o tienen respaldo jurídico. De lo contrario, es enredar innecesariamente la marcha del servicio e incurrir en costos contingentes.
“Si hay algo que esté marchando mal con las tarifas en el amb, lo que se debe revisar es la regulación y vigilancia, para hacer que operen. Luego, hay cosas que se pueden solucionar con la aplicación de la regulación y no con intervención”, aclaró el economista.
Desde este punto legal, también se suma a la discusión el economista Germán Machado, quien precisó que la idea de congelar tarifas es perfectamente posible, pero puede generar problemas financieros al amb, porque, en el fondo, la empresa tiene una proyección de ingresos y gastos, y tiene un presupuesto que fue aprobado por la junta directiva, entonces esa decisión podría traer un riesgo y tener desviaciones.
“Habría que mirar si la propuesta es viable financieramente y si la empresa tiene la caja y la capacidad para prestar servicios con menores ingresos de los esperados”, se preguntó Machado.
Insistió en que en servicios públicos el Gobierno sí puede pedir que se congelen las tarifas o incluso que se aplacen las facturas, como sucedió en el 2020 con la pandemia.
“Claramente, la propuesta del alcalde podría defenderse por el lado de controlar inflación. Al fin y al cabo, los servicios públicos han sido uno de los puntos que más ha aumentado el costo de vida en el último año y medio”.
Qué dice Andesco sobre la regulación de precios
Ante las pretensiones de varios alcaldes del país de regular tarifas, Andesco, el gremio de empresas de servicios públicos domiciliarios y de comunicaciones, recordó que no se deberían tomar decisiones que puedan poner en riesgo la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera de las empresas, porque en tal caso, serían los usuarios los más perjudicados.
“Las decisiones sobre la gestión de costos e inversiones son del resorte exclusivo de cada empresa en el marco de la regulación y procesos establecidos por las comisiones (CRA y Creg)”, precisó el gremio.
En todo caso, Andesco sostuvo que cualquier acción que se lleve a cabo debe preservar los criterios definidos en la Ley 142 de 1994, para que la prestación de los servicios públicos conserve su calidad, continuidad y eficiencia.
