Dignidad Minera estudia la posibilidad de presentar una demanda ante un organismo de justicia ambiental internacional. La comunidad paramuna se siente en riesgo de ser desplazados por la delimitación que plantea el Gobierno sin haber concertado previamente.
Entre fases de socialización y concertación, han pasado casi cuatro años desde que la comunidad santandereana espera que el Ministerio de Ambiente realice la delimitación definitiva del Páramo de Santurbán, tal como lo ordena la sentencia T361 de 2017.
Si bien desde el 4 de septiembre, los representantes de las comunidades de los 40 municipios involucrados en la delimitación del Páramo de Santurbán, y los representantes del Ministerio han venido trabajando en mesas virtuales, con el ánimo de profundizar aspectos del proceso de concertación en la delimitación, así como buscar la obtención de avances en un proceso de deliberación participativa, no se ha avanzado en una determinación definitiva.
Para las comunidades, las mesas virtuales no funcionaron ni permitieron avanzar, pues no se tuvieron en cuenta los estudios técnicos, sociales y económicos. Además, consideran que el Gobierno sigue sin dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.
“No han estudiado nuestra propuesta, la metodología que presentan para lo que ellos llaman reunión de concertación confirma que el objetivo es socializar la delimitación que ya tienen lista”, afirmó Ivonne González, directora de Dignidad Minera.
Según había planteado el Ministerio de Ambiente era ampliar 3.446 hectáreas el ecosistema y lograr una extensión total de 138.699 hectáreas.
No se callaran
Ante este panorama, las poblaciones aseguran que saldrán a defender su entorno minero desde lo social y jurídico, pues les preocupa el incumplimiento por parte del Ministerio.
Orlando Rodríguez Ramírez, exalcalde de Vetas, afirma que “las medidas por la comunidad para avanzar en el tema es facilitar los medios tecnológicos, espacios presenciales, solicitudes escritas y en los medios, derechos de petición, clamores y finalmente hacer uso de las herramientas jurídicas”.
La comunidad de Vetas contempla realizar tutelatones, demandas internacionales y otras acciones de presión ciudadana, pues sus familias y economía se mantienen en la incertidumbre.
Dignidad Minera estudia la posibilidad de presentar una demanda ante un organismo de justicia ambiental internacional. Hoy se sienten en riesgo de ser desplazados por la delimitación que plantea el Gobierno, sin haber concertado antes con la comunidad.
