lunes, 30 enero 2023
domingo 27 de noviembre de 2022 - 12:00 AM

Los líos para el cierre del proyecto de Eco Oro en Santurbán, hay minas en riesgo de colapsar

El Gobierno Nacional alertó que puede ocurrir una grave emergencia, que comprometa vidas humanas, por la inestabilidad de las minas donde se extrae oro en el Páramo de Santurbán, en una zona que aún no tiene presencia del Estado por líos administrativos. Vanguardia explica las razones de la pelea jurídica entre la Cdmb y Eco Oro.

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Volvió a ocurrir durante la noche del pasado miércoles 23 de noviembre. Un grupo de personas, de forma ilegal, ingresó a una de las minas ubicadas en el Páramo de Santurbán, en jurisdicción del municipio de California, Santander. Extraían piedra con oro a voluntad.

La jornada se desarrollaba con la normalidad que proporciona la ilegalidad, es decir, utilizaban explosivos para romper la piedra. Luego retiraban el material, llamado “maletas”, en sacos hasta la entrada del socavón. Este mineral se molerá posteriormente con mercurio (principal contaminante de las fuentes hídricas del páramo y que llegan al río Suratá, que a su vez alimenta el Acueducto de Bucaramanga) para obtener el oro, que luego se comercializará en el mercado negro de la región.

La zona donde se localiza la mina está dentro de los límites del título minero de Eco Oro. En los últimos años, unas 400 personas, coordinadas por mafias, entre locales y foráneos, extraen oro en las 280 hectáreas que le correspondía explorar a esta multinacional canadiense. Buena parte de ese terreno está en zona del Páramo de Santurbán. En la actualidad esta área, abandonada a su suerte por el Estado tras la salida de Eco Oro del territorio, carece de la presencia permanente de las autoridades. Son las “mafias” las que deciden quién entra y sale de las minas.

La expresión “mafias” provino de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien en octubre pasado alertó en Bucaramanga que en Santander se empieza a tener un fenómeno de lavado de activos, de tráfico de mercurio y explosivos. “Estamos teniendo intereses, por fuera de todo interés legítimo social, en una explotación mafiosa de oro con riesgo en derechos humanos. De la circulación de grandes capitales que este oro genera, pueden empezar proceso de corrupción y mafias. Es muy preocupante que todo esto pueda derivar en violencia. Esto debe ser una prioridad del Gobierno Nacional y también de las autoridades locales. No podemos dejar crecer una situación que después se convierta en un problema grave”.

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Precisamente uno de estos problemas quedó en evidencia el pasado miércoles en la noche. Como ha ocurrido de forma reiterada en los últimos años, sucedió una tragedia al interior de una mina ilegal. No se divulgó el hecho. “Se ocultó”, afirmó a Vanguardia esta semana un minero de California.

“Los mineros sacaban las ‘maletas’ como es costumbre. De pronto, de la nada, se les vino el túnel encima. Una roca de gran tamaño le cayó a uno de los mineros. Le fracturó la cadera. Él está muy grave. A otro, por ir a ayudar al compañero, le cayó otra roca. Le partió una pierna. También está mal. Un tercero sufrió lesiones menores”.

La afirmación la hizo un habitante de California que, por seguridad, solicitó no ser identificado. Este minero aseguró que este tipo de accidentes se incrementaron en los últimos años en esta zona producto de la minería ilegal y de la llegada de foráneos, sin los equipos y la experiencia apropiada para extraer la roca de los socavones. Muchas veces el oro se extrae sin las medidas de seguridad de rigor, estipuladas en la ley.

“A los heridos los llevaron a Bucaramanga. No los transportaron por la vía a Matanza, que llega a ‘Ciudad Norte’, por temor a ser detenidos por las autoridades. A ellos los sacaron por la vía al Páramo de Berlín que comunica a la carretera entre Pamplona y Bucaramanga. Uno está muy grave. Cuando llegaron al hospital los reportaron como accidentes de tránsito en zona de vereda, para que no quedara el registro de la actividad minera. Estos accidentes son cada vez más frecuentes, hace dos semanas ocurrió algo similar y a otro minero le cayó una piedra de gran tamaño. También está muy mal. Hay casos de mineros muertos y otros en unidades de cuidados intensivos. Nadie dice nada de esos accidentes. En California opera la ‘ley del silencio’.

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Este último episodio hubiese quedado inadvertido, si no fuera porque 24 horas antes, el director de la Agencia Nacional Minera, Luis Álvaro Pardo Becerra, alertó sobre los riesgos de una grave emergencia por la minería ilegal en la zona de Soto Norte, en Santander, debido a la inestabilidad de la roca al interior de las minas.

Luis Álvaro Pardo Becerra, en su intervención en la Cumbre Mundial de Páramos que se organizó esta semana en Bucaramanga, alertó que estos socavones, de donde se extraen grandes cantidades de material con oro, no cumplen con los requisitos mínimos para realizar actividades mineras.

“Se comprobó que hay desprendimientos al interior de esos túneles. En cualquier momento la región y el país se pueden ver abocados a un accidente, sin precedentes, si se continúan las labores de esos mineros. Podemos tener riesgo de un accidente muy grave por un derrumbe de estas minas (ilegales)...”, precisó Pardo Becerra.

Vanguardia intentó, en reiteradas oportunidades esta semana, preguntarle al Director de la Agencia Nacional Minera su responsabilidad en la expansión de la minería ilegal en los antiguos terrenos de Eco Oro. No obstante, la oficina de prensa de la entidad afirmó que el funcionario “no tenía agenda” para atender a este medio de comunicación.

En su intervención en Bucaramanga, Luis Álvaro Pardo Becerra hizo también un llamado a los alcaldes de Vetas y California para que, como autoridades locales, controlen el fenómeno de la minería ilegal y eviten una emergencia mayor en los túneles.

Al respecto, la alcaldesa de California, Genny Gamboa Guerrero, le dijo a Vanguardia que su despacho “no tiene información oficial por parte de la institución de salud (de los accidentes mineros)”. Sobre la minería ilegal en la zona del Páramo de Santurbán, Gamboa Guerrero, agregó que “la Fiscalía realiza una investigación y son ellos los llamados a identificar esta situación. No es mi competencia identificar la cantidad de oro que se está extrayendo. No tendría la información. Lo que sí hice, en el 2020, fue expedir la resolución N° 0149 donde se delega en la Inspección de Policía y la Policía las facultades tendientes a suspender la explotación minera sin título inscrito en el Registro Nacional Minero...”.

El mismo interrogante se le hizo al personero de California, Henry Delgado, pero no atendió las reiteradas preguntas de este medio de comunicación sobre la minería ilegal y los accidentes en la zona de Páramo de Santurbán.

Quien sí se pronunció fue el alcalde Vetas, Hernán Bautista Moreno, al expresar que a diferencia de lo que ocurre en California, en su localidad no se utiliza el mercurio para obtener el oro por parte de la minería ilegal. Además, hizo énfasis que su municipio, en enero pasado, ya suscribió una concertación para delimitar la zona del Páramo de Santurbán y definir dónde se puede realizar minería. California no lo ha hecho todavía.

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No obstante, el pasado 12 de noviembre, el Ministerio de Ambiente rechazó validar la concertación a la que llegó la comunidad de Vetas, bajo el argumento que la delimitación debe ser un proceso integral y colectivo de los 38 municipios que integran la zona de Santurbán.

“La ilegalidad en la minería es consecuencia de la incertidumbre en la delimitación del Páramo de Santurbán. El Ministerio de Ambiente rechazó nuestra concertación. Si esperamos que los 38 municipios hagan su delimitación, nos darán 20 años más. Mientras esta ocurre, la ilegalidad permanecerá. El mismo Estado bloquea las soluciones. A diferencia de lo que ocurre en California, nosotros ya tenemos la línea de Páramo e implementamos la caracterización de 103 mineros que están en la ilegalidad para desarrollar un proyecto de formalización. La decisión del Ministerio de Ambiente nos ha condenado a la ilegalidad...”, sentenció el mandatario Hernán Bautista Moreno.

Sobre las condiciones de seguridad de las minas ilegales en su jurisdicción, el alcalde de Vetas aclaró que “la Agencia Nacional Minera se contradice. Ellos estuvieron hace una semana en el territorio y comprobaron que los mineros en Vetas, en medio de su condición de informalidad, tienen procesos de seguridad óptimos...”.

¿Territorio de nadie?

El director de la Agencia Nacional Minera, Luis Álvaro Pardo Becerra, aseguró además en su intervención en Bucaramanga que su entidad cuenta con un sistema de inspección satelital para hacerle seguimiento a los proyectos mineros. “Hemos visto, a diario, en túneles en Santurbán carros, camionetas y motos estacionados. Hemos visto gente entrando y saliendo todo el tiempo (de los túneles)...”.

La zona a la que se refiere el Director de la Agencia Nacional Minera hace referencia al área del contrato de concesión N° 3452 con Eco Oro con el que buscaba extraer cerca de 10 millones de onzas de oro. Zona que lleva tres años abandonada. ¿La razón? El 29 de marzo de 2019 la empresa canadiense Eco Oro presentó renuncia a ese contrato de concesión, bajo el argumento que las medidas adoptadas por el Estado para delimitar la zona del páramo, entre otras razones, hicieron inviable el proyecto denominado “Angostura”.

Esta renuncia fue declarada viable por la Agencia Nacional Minera el 13 de mayo de 2019, mediante resolución N° 0365 y el 10 de diciembre de 2019 fue declarada oficialmente la terminación del título minero. Así finalizó la intervención de la multinacional, que estuvo durante más de 20 años en fase exploratoria en el área de influencia del Páramo de Santurbán e invirtió cerca de 250 millones de dólares, sin extraer un gramo de oro.

Es importante precisar que el 9 de septiembre de 2021 el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, publicó un primer fallo sobre la demanda que Eco Oro presentó contra Colombia por 736 millones de dólares como indemnización. Este tribunal reconoció que la prohibición a Eco Oro para hacer actividades de minería en páramos es una manifestación del derecho a regular que tiene el Estado colombiano.

Según el organismo, la medida adoptada por el país no fue discriminatoria para los inversionistas de la minera y además buscaba guardar un objetivo legítimo, como lo es la protección del medio ambiente. No obstante, el litigio continúa después de esta decisión, pues este tribunal encontró responsable a Colombia por no aplicar correctamente el estándar de “trato justo” y equitativo; por ello determinó que el trámite de la demanda se mantendrá solo en lo relacionado con el análisis de eventuales daños. En el proceso instaurado por Eco Oro también argumentó que se vulneraron las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá. A la fecha no se conoce un pronunciamiento sobre este punto por parte del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Mientras este litigio internacional se resuelve, la pregunta que surge en el país es quién debió asumir el control de estas 280 hectáreas desde el 2019. Hace tres años, cuando los últimos vigilantes privados que contrató Eco Oro abandonaron la zona, y se retiró también un contingente permanente del Ejército, ninguna autoridad controla este territorio rico en oro.

El director de la Agencia Nacional Minera, Luis Álvaro Pardo Becerra, explicó que su entidad espera que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, emita una respuesta sobre una propuesta que le hizo Eco Oro para el cierre de mina. “Lo que nosotros necesitamos es que la Cdmb se pronuncie sobre si hay pasivos ambientales para hacer algo con esos túneles. Una vez se pronuncie la Cdmb, esos terrenos se revierten a la autoridad minera, para luego declarar una reserva, o se los podamos entregar al Ministerio de Agricultura para aquellos mineros de la zona, que tienen vocación agrícola”.

No obstante, este proceso administrativo y ambiental tiene múltiples escollos, y a corto tiempo pareciera que no tendrá una decisión definitiva.

Vanguardia, al revisar los archivos, encontró que Eco Oro radicó el 5 de julio de 2019 ante la Cdmb, según oficio N°10144, un “plan de cierre, desmantelamiento y abandono del contrato de concesión N° 3452”, pero solo hasta el 1 de marzo de 2022, la Cdmb, mediante radicado N° 1805 dio respuesta, es decir, dos años y cinco meses después del documento de Eco Oro.

El abogado especialista en temas ambientales y mineros Hernán Morantes denunció que la “Cdmb se tardó en dar respuesta al documento presentado por Eco Oro. Qué vimos nosotros, una vez se conoció a principio de año los casos de contaminación de mercurio en el río Suratá y empiezan los informes de Vanguardia sobre tráfico de mercurio y minería ilegal de oro en el Páramo de Santurbán, la Cdmb empezó a mover ese plan. En tres años parece que el proceso no se movió en la Cdmb. Se ‘engavetó’, como también están los procesos sancionatorios contra Minesa...”.

Eco Oro en algunos documentos a los que tuvo acceso esta redacción señala demoras en la entrega de una respuesta definitiva al cierre ambiental del proyecto “Angosturas”.

Pero la Cdmb rechazó estas afirmaciones. “No estamos de acuerdo con los señalamientos realizados por Eco Oro, en relación con la presunta demora, pues pareciera a conveniencia propia omitir las acciones adelantadas por la Cdmb incluso desde antes de la radicación del documento denominado ‘Plan de cierre desmantelamiento y abandono’, las cuales siempre han sido de conocimiento de Eco Oro y han pretendido ser invalidadas en procura de la evasión de su responsabilidad. La Cdmb ha adelantado un proceso constante de evaluación y seguimiento en procura de determinar la conveniencia o no de las acciones planteadas para el proceso de restauración del área intervenida durante este periodo, que han decidido erradamente denominarlo como periodo de demora. La Cdmb ha realizado tres visitas entre el año 2020 y 2022 con un equipo interdisciplinario las cuales han sido atendidas y de conocimiento por parte de Eco Oro, que en su discurso pareciera no tener en cuenta este aspecto”, precisó la autoridad ambiental.

Eco Oro presentó a la Cdmb un plan de cierre de la concesión, donde advierte, por citar un ejemplo, compensaciones para la zona por daño ambiental cuantificada en cerca de $7 mil millones debido a que en la zona quedarían vertederos de aguas ácidas, cuatro túneles, más de 1.100 plataformas en terreno, afectaciones en taludes y es necesario el desmonte de grandes estructuras. Vanguardia conoció que esta cifra no representaría ni el 10% de lo que realmente se requiere de compensación ambiental para adecuar esta zona del Páramo de Santurbán.

Vanguardia conoció además que, según el Sistema de Información, Normatización y Calidad Ambiental, Sinca, de la Cdmb, Eco Oro radicó solo hasta el 2017 los informes de Índice de Calidad de Agua, es decir, dos años antes de anunciar su salida de la zona se desconocían estos valores para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la multinacional.

Además, según la autoridad ambiental, Eco Oro no habría cumplido con el tratamiento a los túneles exploratorios y las bocaminas. “Eco Oro debe presentar un plan más detallado de las actividades para el manejo ambiental, incluyendo desmantelamiento, estabilización geotécnica, restauración ecológica, y manejo ambiental de las aguas residuales resultantes. Eco Oro entrega una relación de 306 plataformas de perforación, en el área que se consideró para realizar la restauración. Sin embargo, se identificó un listado de 440 plataformas, por lo que se requiere aclarar este punto”, advierte la Cdmb en un informe técnico. En tal sentido, la Cdmb solicitó a Eco Oro garantizar la prevención y mitigación de impactos ambientales causados por las aguas residuales y drenaje acido de minas generadas en la fase de “post-cierre”.

Al respecto, Vanguardia localizó a un vocero de Eco Oro en el país, quien señaló que “nosotros no estamos realizando comentarios. Estamos en el marco de procesos con autoridades y debemos esperar sus respuestas”.

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En la comunicación de la Cdmb a Eco Oro, de marzo pasado, la autoridad ambiental hace otros requerimientos, entre ellos, solicita que se cambie la denominación al proyecto y sugiere titularlo no cierre de mina, sino “plan de desmantelamiento y recuperación ambiental”, debido a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, conceptuó que como Eco Oro adelantó solo trabajos de exploración, y nunca de explotación, “el proyecto nunca tuvo licencia ambiental o instrumento de manejo y control ambiental equivalente”.

En comunicaciones entre marzo y octubre de este año, tanto la Cdmb como Eco Oro han intercambiado misivas donde por un lado la autoridad ambiental le recuerda a la multinacional “su obligación de presentar los informes de cumplimiento ambiental”, mientras que Eco Oro responde, con argumentos jurídicos, por qué no los radica y exige de la Cdmb “un pronunciamiento de fondo del plan de cierre”. Como respuesta a esta misiva, la Cdmb responde a Eco Oro que aún la multinacional “no ha dado respuesta a los requerimientos técnicos presentados” por la autoridad ambiental.

Mientras se registra este ‘tira y afloje’ de comunicaciones entre la Cdmb y Eco Oro, en el municipio de California, y de forma específica en el área del Páramo de Santurbán, se registra un fenómeno de minería ilegal, contaminación con mercurio y afectaciones sociales denunciado por Vanguardia en varias investigaciones periodísticas.

Sobre el futuro del proceso de cierre ambiental de “Angosturas”, la Cdmb respondió que “Eco Oro se mantiene renuente a dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por la autoridad ambiental a través del informe técnico remitido el 1 de marzo de 2022, y por el contrario emite argumentos dilatorios, intentando generar incertidumbre jurídica, e invalidar las actuaciones de la Cdmb, por lo que esta autoridad se encuentra evaluando mecanismos legales aplicables que deben ser notificados en el marco del debido proceso”.

Esta redacción consultó con expertos abogados ambientalistas, quienes señalaron que es necesario resolver pronto este proceso administrativo y ambiental. De no lograrse y no obtener una respuesta de Eco Oro a los requerimientos, se abocaría entonces un proceso sancionatorio ambiental por parte de la Cdmb contra la multinacional canadiense.

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Juan Carlos Gutiérrez Tibamoso

Periodista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Creo en el poder de la palabra. En escuchar a las personas. Soy cronista, de los que están convencidos que siempre se escribe, no solo cuando se está frente a un teclado y una pantalla. Me gusta narrar historias sometido al indescifrable poder de ellas. La fuerza de lo real. Hago podcast, donde junto voces para relatar esa realidad. Estoy convencido que siempre existimos, mientras alguien nos lea.

@juancarl00s

cgutierrez@vanguardia.com

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