Hace 38 años, Sonia Sánchez Santamaría llegó a la vereda Rosa Blanca, del corregimiento 2 de Bucaramanga. Allí se instaló junto con su esposo y sus hijos, y forjó su vocación de servicio que la llevó a ser edil. Todo por un tema en especial, el agua.
El río Suratá baña los predios de su casa, por esto, recuerda que a mediados de la década de los 80 tomaba esa agua, lavaba la ropa, cocinaba y se bañaba en ella.
“Este río era una belleza con una claridad absoluta. Incluso, pescábamos y sacábamos muchos pesos, con eso vivíamos”, rememora Sonia, quien es presidenta de la Junta de Acción Comunal de su vereda, ubicada por la vía a Matanza.
Pero ahora tiene otros recuerdos del río. “En este momento no puedo decir lo mismo, los tiempos cambiaron y el río también, porque le botan aguas negras, basura, animales muertos, más la contaminación de la minería. Hemos visto cómo salen peces muertos. Eso ya no es un río, es una quebrada de mal olor y aguas sucias”, asevera la líder comunitaria.
Según el reporte del amb, el acueducto toma las aguas de los ríos Suratá para abastecer la planta de Bosconia.
El Suratá nace en el páramo de Monsalve, pasa por el estrecho Cañón de las Cuchillas de Magueyes y del Común, para desembocar en el río de Oro. Sus principales afluentes son los ríos Vetas, Charta y Tona, siendo este último el mayor aportante en área y caudal. Su longitud es de 59,6 kilómetros.
Sonia considera que hay dos fuentes principales de contaminación del río: el primero es el uso de mercurio en la minería que se da en la provincia de Soto Norte y el segundo es el vertimiento de aguas residuales o negras.
Para Fabio Augusto Maldonado, director de la Fundación por el Gran Pacto Social de California, el principal contaminante del río Suratá no es la minería, sino el vertimiento de aguas residuales de cerca de 24 mil viviendas de la región de Soto Norte, lo que afecta notablemente la potabilidad. Añade que la ganadería y agricultura también contaminan el río.
“No hay sistema de tratamientos, no hay una Ptar (planta de tratamiento) para este problema. Ningún municipio la tiene, menos en las zonas rurales, y en California hay una, pero funciona de forma intermitente. Entonces una carga contaminante de 24 mil viviendas con 250 litros diarios por casa, comparada con las 300 unidades mineras que generan entre 3 mil y 6 mil litros, es bastante alta”, calcula Fabio.
Por su parte, Claudia Santoyo, especialista en Microbiología Ambiental, asegura que el deterioro del recurso hídrico se debe principalmente a la presencia de mercurio y cianuro por las actividades mineras en el área de influencia del Páramo de Santurbán.
“Estas aguas industriales son vertidas y exceden el valor mínimo permisible para el consumo humano y el sostenimiento de la fauna íctica (conjunto de especies de peces), principalmente”.
También asevera que Santander, en muchos casos, ha decidido (priorizando) el dinero sobre la vida, como la explotación ilícita de la minería (metales y materiales de cantera), una razón fuerte de contaminación.
Para Santoyo, es importante proteger los lugares donde nace el agua, caso del Páramo de Santurbán, pero ¿qué se hace con el agua que se consume y se utiliza?, ¿qué se hace con el agua residual que se genera y que finalmente termina en los ríos como Suratá o de Oro?
“Ya uno ve pocos peces en el río por la contaminación. Antes, como dije, sacábamos cualquier cantidad de peces y de diferentes especies. Medio alzábamos una piedra y salían un montón de pescados. Ahora no se ve nada, ni pequeños, ni grandes, solo gusarapos. Incluso, uno saca arena del río y el olor es tan ‘picho’ (nauseabundo), que a uno le da miedo porque puede salir una alergia o brote o enfermarse”, advierte la edil del corregimiento 2 de Bucaramanga.
En búsqueda de agua
Para buscar agua potable, Sonia comenta que gracias al trabajo social logró sacar adelante dos acueductos veredales, que les facilita el acceso a este servicio para el consumo humano, pero denunció que algunas personas lo usan para sus cultivos.
“Lamentablemente, hace tres años nos contaminaron otra quebrada que cae al río Suratá, donde unos finqueros tienen crianza de cerdos y otros animales. Desde esa fecha llevamos tres años sin un acueducto. Ahora solo tenemos uno y a veces no llega el agua, sufrimos mucho”, dice Sonia.
“Estamos con agua potable de tanque, sin esta ayuda no tendríamos agua para consumir porque la del río está contaminada. Uno no se explica cómo al estar tan cerca al embalse de Tona, que lleva agua a muchos lugares, como Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga, nosotros del campo, en el área de influencia de ese embalse, no tengamos ni una gota de esa agua para nuestro consumo. Es triste”, lamenta Sonia.
Añade que los habitantes de las veredas viven angustiados por no tener acceso a agua potable y por estar expuestos a la contaminación del río. Incluso, manifiestan tener miedo por los riesgos de enfermarse.
Quien también ha visto de cerca el cambio físico del río Suratá es Fabio Augusto Maldonado, director de la Fundación por el Gran Pacto Social de California.
Fabio vive en las inmediaciones del río desde los años 80 y ha sentido el conflicto debido a que proviene de una familia de mineros ancestrales o tradicionales.
Cuenta que cuando el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga construyó la bocatoma para hacer la planta de tratamiento de Bosconia y el sistema de bombeo, al mismo tiempo empezaba el auge de la pequeña minería legal. “No había ilegal porque casi todos los títulos los tenían mineros tradicionales de la zona”.
“Ya desde ese momento el acueducto tomaba agua de un río contaminado, que recibía también colas de cianuración o arenas cianuradas desde Vetas y California. En esa época, los registros eran incipientes”, precisa Fabio, quien también es miembro del Consejo de Desarrollo Territorial de Soto Norte.
Expone la siguiente comparación: una sola planta de oro en California usaba al mes 18 canecas de cianuro de 50 kilos cada una, más o menos 900 kilos. En ese momento había 80 plantas en funcionamiento en la zona de titulación legal. Actualmente, para el mismo proceso con el oro, se usan entre 12 y 36 kilos de cianuro.
“Uno se da cuenta cuando el río baja con una coloración gris desde Vetas y rojiza o café desde California, eso depende de la intensidad de la actividad minera”, relata Fabio.
De legal a ilegal
Recuerda que en los años 90 hubo un cambio fuerte en la minería en la provincia de Soto Norte porque llegó la primera multinacional, que ahora se llama Eco Oro, empresa que adquirió los títulos mineros de los pequeños.
“Además de eso, se presentaron muchos factores. Por ejemplo, el Estado acorraló a los pequeños mineros por los permisos para las explosiones y su impacto ambiental. También se hizo difícil el acceso a los insumos. Y lo más delicado era la presencia de guerrillas y paramilitares. Por otro lado, era escasa la técnica para trabajar”, describe el líder social.
Según Fabio, lo anterior hizo difícil seguir siendo pequeño minero y continuar con la exploración y explotación de títulos, entonces terminaron vendiéndolos hacia 1994. “Los mineros pasaron de independientes o por cuenta propia a empleados de multinacionales”.
Fabio aseveró que en ese año arrancó en forma la minería ilegal en Soto Norte, debido a esa inactividad tanto de los mineros tradicionales, como de las multinacionales, que no pudieron arrancar su actividad extractiva por frenos sociales y ambientales-
Otra de las razones de este auge de la minería ilegal, según Fabio, es la lenta y difícil formalización. Puso este caso: 160 familias asociadas en California llevan 12 años tratando de ser legales ante el Estado, como resultado de un proceso social y ejercicio de gobernanza. “Del Estado, sólo restricciones y restricciones”.
Fabio considera que el mercurio más dañino es el residual, mas no el industrial. Este último es el insumo que usan por lo general en Vetas, California y Suratá en minería artesanal.
“Por ejemplo, mi madre lleva 55 años usando mercurio industrial diariamente para sacar el oro y la plata con la batea. Incluso, lo hice durante 15 años. Y con dos estudios de la UIS se concluyó que no hay un impacto significativo del mercurio industrial en las personas, mientras que el residual, que corre por quebradas y ríos, sí tiene efectos en humanos y animales”, explica Fabio.
Sostiene que una solución a esta situación es tecnificar la actividad minera a través de la tecnología y la transferencia de conocimiento, pero eso no se da ni en Vetas, ni en California.
“Al persistir esta contaminación, el Acueducto Metropolitano no ha sido claro con la ciudad ni con Soto Norte sobre las captaciones que hacen de este río contaminado desde los 80. Y lo peor, ninguna autoridad ambiental ni política ha logrado que se traten las aguas de la quebrada La Baja y del río Vetas, que luego se unen al río Suratá”, insistió Fabio.
Alejandro Estrada, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb), precisa que, a pesar de la presencia de sustancias químicas, este año la planta de tratamiento de agua potable de Bosconia opera en condiciones normales.
Añade que con dicho pretratamiento, el agua cruda queda por debajo de la que pide la norma, que es 2 microgramos por litro, permitiendo que el agua cumpla con los parámetros para ingresar a la planta de tratamiento.
“Al ingresar a la planta, se inicia el proceso y luego de cumplirse todas las etapas, el agua tratada, según los análisis sale ND, es decir, no detectable para mercurio, lo que garantiza que es apta para el consumo humano”, precisa el gerente.
Desde julio del 2022, Vanguardia ha publicado varios informes que dan cuenta de la aparición de mercurio en aguas del río Suratá, principal fuente de abastecimiento para el área metropolitana de Bucaramanga
Esto registros evidenciaron la contaminación a lo largo de la quebrada La Baja y de los ríos Vetas y Suratá, que están conectadas a la cuenca hídrica que nace en el Páramo de Santurbán, que es la zona donde se concentra la actividad ilegal de extracción de oro. Hecho que se debe mirar tanto como un fenómeno que causa serios daños ambientales, como afectación a la potabilidad del agua.
Incluso, este medio denunció el tráfico oculto de esta sustancia química y otros productos que se consiguen a través de una red ilegal en Bucaramanga. En la capital santandereana, se puede comprar un kilo de mercurio, envasado, por $650.000.
El episodio más crítico se dio la última semana de julio del año pasado, cuando el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga cerró la captación que se hace desde la Planta de Bosconia, cuando detectó presencia de mercurio de 163 microgramos por litro de agua. El dato más alto que se ha evidenciado desde 2010.
Hasta la fecha, ningún órgano de control, ni ninguna autoridad ambiental ha investigado a fondo la contaminación del río Suratá. Lo más cercano fue la instalación de la primera Mesa Nacional para el Control de Mercurio, en enero de este año, cuando la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado a combatir la minería ilegal que se presenta en California, Santander.
Esto confirma lo que reveló el segundo informe del Índice de Riesgos Subnacional del 2022: Santander es la región con mayor riesgo medioambiental entre los 32 departamentos.
“Santander es el departamento con más riesgo ambiental”, concluye el estudio.
Carlos Ardila Rodríguez es ictiólogo y especialista en peces de agua dulce, quien estudió el río Suratá y recuerda que era rico en peces, en particular la especie Carassius. Pero en su último recorrido hace más o menos ocho años ya no encontró nada.
Dice que era río cristalino, donde la gente de Matanza, California y Suratá se bañaban y lavaban su ropa, incluso sacaban agua para los cultivos. “Se extinguió esa biodiversidad y lamentablemente no pudimos estudiarla ni recolectarla, como las sabaletas...Donde hay peces hay pureza, porque ellos limpian los afluentes hídricos”.
El ictiólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas considera que la principal fuente de contaminación ha sido la minería ilegal en Vetas y California, que trajo consigo vertimientos de cadmio, mercurio y cianuro para extraer el oro.
“Esas sustancias son mortales para la fauna acuática porque acaban con todo. Esa es la gran problemática. Porque mientras pensemos que vale más un kilo de oro que un vaso de agua seremos irracionales”, asegura Ardila, quien se especializó en los peces andinos y del Caribe, quien agregó que otro factor, la deforestación para crianza de animales y otros cultivos.
“Hoy en día no hablamos del río Suratá, sino de la cloaca Suratá porque eso murió, nadie se va a bañar allá ni nadie va a tomar agua de allí. Eso es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones donde ellos no podrán tomar agua y si toman está contaminada”, alerta Ardila.
“¿Cómo es posible que se contamine el agua que abastece el acueducto del área metropolitana? Más o menos en 30 años ese río dejará de existir”.
La ingeniera Claudia Santoyo, especialista en Microbiología Ambiental, explica que las aguas residuales se generan por las actividades del ser humano, sean domésticas o industriales, que contienen variedad de sustancias químicas y/o microorganismos patógenos.
“Cuando estas se vierten en corrientes hídricas causarán un impacto negativo al ecosistema y a la salud humana. Además, se convierten en transmisores de enfermedades como hepatitis, diarreas agudas y fiebre tifoidea. Esto disminuye la disponibilidad de agua para las poblaciones”, sostiene la experta.
Según el estudio sectorial de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios, para el 2021, aproximadamente el 34 % de los municipios de Santander cuentan con algún Sistema de Tratamiento de Agua Residual doméstica proveniente del casco urbano. Y el porcentaje en el área rural es mucho menor, en donde la mayoría de los casos el agua residual se dispone de manera directa a las fuentes hídricas.
“Es deber del Estado velar por la protección, conservación, recuperación y manejo sostenible del recurso hídrico, mediante la gestión integral para el manejo y tratamiento del agua residual doméstica y no doméstica, donde se incluya reducción y control de la calidad de vertimientos, ampliación de la cobertura de alcantarillado, tanto en el área urbana como rural. También que haya gestión de proyectos de inversión en saneamiento básico, construcción de infraestructura para el tratamiento de agua residual y el desarrollo de programas de educación ambiental”, recomienda Santoyo.
A pesar de que Santander cuenta con riqueza hídrica, afirma la ingeniera, hay falencias en el uso racional del agua y gestión deficiente de las autoridades responsables del manejo y tratamiento del agua residual.
Erwing Rodríguez-Salah, líder cívico y ambiental de Santander en la defensa del agua y los páramos, precisa que los principales perjudicados con esta contaminación son quienes se benefician del sistema del río Suratá, ya que su cuenca es abastecedora de agua del área metropolitana de Bucaramanga.
“También las poblaciones que se encuentran aguas abajo de nuestra ciudad. Hay que dar una mirada integral, pues todo está concatenado: microcuencas – subcuencas –cuencas – macrocuenca”, indica Rodríguez-Salah, quien fue uno de los accionantes de la Sentencia T-361 (2017) de la Corte Constitucional, que determinó la delimitación del Páramo de Santurbán.
“En ese orden de ideas, la contaminación de una de las microcuencas puede afectar una macrocuenca, con afectación para todas las poblaciones que encuentren a su paso, cada río en su trayecto”, advierte el experto ambiental.
Enfatizó en que el impacto será grave si no se toman los correctivos oportunos y pertinentes. Incluso, la situación es tan delicada que se dan licencias ambientales para la explotación de minería por encima de las captaciones (bocatomas) del acueducto metropolitano de Bucaramanga (amb).
Erwing Rodríguez-Salah, líder cívico y ambiental, manifiesta que para recuperar el río Suratá se requiere presencia del Estado y voluntad de las autoridades ambientales, como el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, acompañados del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería.
En el plano regional, según Rodríguez-Salah, deben intervenir la Cdmb con sus funciones de inspección, vigilancia y control; las administraciones locales de los municipios afectados en la subcuenca del río Suratá y la Fuerza Pública.
“Uno de los ejes centrales de la propuesta alternativa de delimitación de Santurbán que en 2018 presentamos los accionantes de la Sentencia T-361 (2017) es precisamente que los páramos, bajo un concepto de integralidad que incluye sus ecosistemas circunvecinos, son territorio del agua, no de la minería”, argumenta el líder cívico y ambiental.
Periodista económico en Vanguardia. Magíster en Estudios Políticos, de la Universidad de Caldas. Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. De La Guajira.
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