Comprometidos con la verdad
Con la pensional, el Gobierno Petro completa el paquete de tres reformas (junto a salud y laboral) que modificarán las condiciones de seguridad social de los colombianos, en especial de los trabajadores.
Ayer hacia el mediodía, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, confirmaron en el acto de radicación del proyecto ante el Congreso lo que se ya se había adelantado con el borrador del articulado la semana pasada: habrá un sistema de pilares y una renta vitalicia para aquellos adultos que no logren pensionarse.
“Habrá muchas críticas. Que en 2060 el núcleo poblacional más grande tendrá 60 años. Y nos dirán cómo se puede sostener un sistema pensional así. Sin embargo, si uno mira a Europa, se sostienen”, aseguró el presidente Petro en su discurso.
Agregó que este proyecto puede garantizar la pensión, pero solo si Colombia puede avanzar a una economía productiva.
Por su parte, la ministra Ramírez recordó que se pasará de un sistema de dos regímenes a uno unificado de cuatro pilares: solidario, contributivo, semicontributivo y de ahorro voluntario. “Será mayoritariamente público, complementario, no competitivo y que garantice el derecho”.
Precisó que en el contributivo estarían todas las personas afiliadas al sistema y Colpensiones recibirá los aportes de los tres primeros salarios mínimos legales mensuales vigentes cotizados. Mientras que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) recibirán las cotizaciones que excedan esos montos hasta los 25 salarios mínimos mensuales.
Distribuir la cotización
Con base en esto, Vanguardia, con ayuda del Observatorio Fiscal de la Javeriana, presenta un ejercicio de cómo se distribuirán las cotizaciones en el sistema de pilares para dos ejemplos: uno y cuatro salarios mínimos.
Es necesario aclarar que en el articulado se mantiene la cotización del 16 % para pensión sobre el Ingreso Base de Cotización (IBC). De este porcentaje, 75 % lo aportará el empleador y 25 % le corresponde al trabajador.
En el caso del pilar contributivo con su componente de prima media, es decir, en los primeros tres salarios mínimos, el 13 % del IBC irá a dicho componente y al Fondo de Ahorro. Es una bolsa que crea este proyecto de ley, con la que se busca evitar cualquier impacto al mercado de valores y en los TES.
Además, hasta el 2 % se destinará al pago de seguros previsionales y hasta 1 % se dedicará a financiar los gastos de administración del componente de prima media, administrado por Colpensiones.
Al poner un ejemplo de una persona que gane un salario mínimo, el IBC es de $1’160.000, entonces la cotización a pensión equivale a $185.600, de los cuales $150.800 irían al ahorro. De ese total, 80 % va al reparto ($120.640) y el otro 20 % al ahorro público.
Asimismo, $23.200 irían a los seguros previsionales y $11.600 a gastos de administración.
Ahora, si usted gana más de tres salarios mínimos, entonces cambian los cálculos, ya que hasta ese tope los cotizará en Colpensiones y el restante en un fondo privado o AFP.
Al hacer el mismo ejercicio anterior con una persona que gana cuatro salarios mínimos mensuales ($4’640.000), en el componente de prima media, el monto que va a reparto es de $361.920, mientras que al ahorro público sumaría $90.480. Por su parte, en el componente de ahorro individual, $145.000 se destinarán a la cuenta del cotizante.
A partir de estos casos, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, concluyó que “con esta propuesta el ahorro privado disminuye y el ahorro público aumenta, así como el total. Esto porque ahora buena parte del ahorro será administrado por Colpensiones, que financiaría el componente de prima media”.
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A pesar de que en días pasados, este medio presentó la estructura de cómo será el nuevo sistema pensional propuesto por el Gobierno Petro, hoy se vuelve a desglosar.
Hay que tener en cuenta que el sistema de pilares está integrado por cuatro, en la base los aportes son netamente del Gobierno y a medida que avanzan los asume el afiliado, hasta llegar al ahorro voluntario individual.
El primero pilar es el solidario, con el que se busca entregar una renta vitalicia por encima de la línea de pobreza que, según cálculos de Mintrabajo, será de $223.000 mensuales, equivalente al umbral de pobreza extrema proyectado para el 2024, para cerca de 2,5 millones de adultos mayores de 65 años que no se lograron pensionar.
El segundo pilar es el semicontributivo, con el que el Gobierno dará una renta a las personas que sí alcanzaron a cotizar semanas, pero que no lograron cumplir con todos los requisitos, es decir, aquellos cotizantes que tengan entre 150 y hasta 999 semanas cotizadas.
Por su parte, el tercer pilar, denominado contributivo, acogerá a todas las afiliados al sistema pensional. Habrá un componente de prima media a cargo de Colpensiones para los aportes hasta los tres primeros salarios mínimos legales mensuales vigentes cotizados. El segundo componente de ahorro individual es para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que recibirán las cotizaciones que excedan los tres mínimos hasta los 25 smlmv.
El cuarto y último pilar es el del ahorro voluntario, que sería para todas las personas que tengan capacidad de pago y puedan entregar más recursos a sus pensiones.
El centro de estudios económicos Anif aseguró que de ser aprobada la reforma, tal y como está planteada, el alto pasivo pensional, que de por sí hoy alcanza una cifra cercana a 110 % del PIB, se duplicaría y llegaría a representar hasta 249 % del PIB estimado para 2023.
“La reforma como la plantea el Gobierno daría un fuerte golpe al ahorro, a la sostenibilidad fiscal y pondría en alto riesgo la posibilidad de pagar las pensiones futuras”, dice Mauricio Santamaría, presidente de Anif.
El componente del pilar contributivo obligatorio del Régimen de Prima Media (RPM), que establece que todos los trabajadores depositarían en Colpensiones el ahorro de los tres primeros salarios mínimos mensuales, representa casi la mitad de aumento del pasivo pensional, pues se acerca a 131 % del PIB, reveló Anif.
Además de ser el componente más costoso, el centro de estudios precisó que no tendría efectos en cobertura ni equidad, pues, al no tener en cuenta la realidad del mercado laboral, donde más de la mitad de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo mensual, sigue excluyendo a las personas de la protección social.
Anif sugirió que ese límite debe estar máximo en un salario mínimo, con ello se limitaría el monto de los subsidios a los que hoy acceden las personas de ingresos altos en el régimen público y se evitaría afectar el ahorro privado, que de hecho ya es muy bajo en Colombia.
