Al fantasma de la expropiación y la desconfianza, se suma una economía que aún no despega, concluyen empresarios y gremios.
Si bien en siete semanas desde que se reabrió la frontera de Colombia con Venezuela, el comercio entre ambas naciones ya superó los US$3 millones y se han movilizado más de 2.000 toneladas de carga, todavía existe, del lado nacional, un temor y mucha cautela a la hora de aumentar las exportaciones al vecino país.
Y aunque se espera que la venta de productos hacia el otro lado de la línea fronteriza siga con un crecimiento sostenido, según lo prevé el Gobierno, aún existe el miedo entre los comerciantes colombianos por el fantasma de las expropiaciones, la falta de un marco jurídico y regulatorio claro y el no pago de las facturas por parte de las autoridades venezolanas.
Incluso, en este último tema, según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el vecino país aún le adeuda a los empresarios nacionales más de US$300 millones en mercancías exportadas durante los periodos presidenciales de Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez.
Es que, precisamente, este es el principal recelo por parte de los comerciantes nacionales, ya que aún no hay una garantía en firme de cómo los venezolanos cubrirán monetariamente la compra de mercancías que les llegan desde Colombia.
“Creemos que es un paso importante la apertura de la frontera para volver a estimular la balanza comercial entre los países, sin embargo, es necesario tener en cuenta varios aspectos, uno es sobre los mecanismos de pago, que generen confianza para la entrega, especialmente con los empresarios colombianos”, recalcó Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
El líder gremial agregó que además deben restablecerse nuevamente en Venezuela todos los mecanismos regulatorios de logística “relacionados con los requerimientos aduaneros y de exportaciones, porque serán fundamentales para que el país pueda expandir sus exportaciones por encima de los US$1.000 millones en el 2023”.
Llamado de atención
La advertencia del presidente de Fenalco es una respuesta a declaraciones del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, quien ha explicado que también existen unas deudas registradas en el Banco Central de Venezuela que rondan los US$150 millones.
El funcionario ha reiterado en varios escenarios en las últimas semanas que las autoridades de ambos países se encuentran trabajando en fórmulas para que se puedan anticipar los pagos de las mercancías.
“En materia aduanera, logística, de preparación y desarrollo de las exportaciones e importaciones, se superaron las expectativas que se estimaron y las cifras así lo señalan con los más de US$3 millones. Todo se ha ido normalizando al desarrollo del comercio formal y eso nos llena de satisfacción. Seguimos trabajando para consolidar de manera más formal el proceso de reapertura de esta frontera”, resaltó Umaña.
La desconfianza
No obstante estos anuncios del Gobierno nacional, los comerciantes colombianos insisten en la desconfianza por los potenciales impagos.
“Para hacer negocios es necesario generar confianza. Por ello, lo primero que debe recuperarse es la certidumbre del pago de las ventas que hagan los empresarios colombianos a Venezuela”, reiteró Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
El líder gremial de los exportadores recalcó que es importante recuperar y actualizar todo el marco legal para realizar negocios entre los dos países, en temas de transporte y comercio exterior. “De allí se desprenderá el éxito para que la frontera recupere el dinamismo de hace algunos años y se reduzca la informalidad que se está viendo en la zona”.
Díaz afirmó que si bien a la fecha todavía no existen cifras detalladas desde que se abrió nuevamente la frontera, subrayó que durante el último año se ha visto una reactivación del comercio con Venezuela, lo cual ha llevado a que las exportaciones no mineras a ese destino se hayan incrementado 108,4% a septiembre de 2022, con un valor cercano a los US$438 millones.
“De continuarse esa tendencia, creemos que las exportaciones a Venezuela podrían superar en 2023 los US$1.200 millones”, agregó el líder de Analdex.
Por su parte, el analista en comercio internacional, Joseph Dacarett, resaltó que aunque la frontera está abierta, la dinamización del comercio bilateral se tardará más de lo planeado por la desconfianza que aún existe, y mucho más del lado colombiano.
“Los exportadores nacionales no enviarán carga a Venezuela si no hay una garantía previa en materia de pago anticipado por las mercancías”, analizó.
Y reiteró que ya no existe la confianza de los comerciantes para enviar productos al vecino país ya que en el pasado “muchos se quebraron y los que todavía siguen, muy seguramente no estarán dispuestos a tomar el riesgo si no hay con antelación un respaldo monetario, jurídico y regulatorio, ya que Venezuela lo hizo una vez”.
Adhirió que con la reapertura de la frontera, además de convertirse Colombia en proveedor de Venezuela por la compleja situación económica allí, también significa que el 100% en el dinamismo comercial no esté tan a la vuelta de la esquina.
Lupa a la expropiación
Además de la incertidumbre por parte de los comerciantes colombianos ante la poca claridad en el anticipo de los pagos desde Venezuela, y la falta de un marco jurídico claro con sus respectivos trámites aduaneros, está presente el fantasma de las expropiaciones.
Esta amarga experiencia fue vivida por empresas nacionales como Alpina, Avianca, Nutresa, Argos, Éxito y Colombina, a las que el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, nacionalizó derivado del conflicto político con su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
“Hasta que no haya claridad, gracias a un marco jurídico que trace reglas de juego claras que espanten este fantasma, es muy complicado que grandes empresas colombianas nuevamente arriben al vecino país”, destacó Dacarett.
Uno de los casos más sonados fue el de Almacenes Éxito, al que el gobierno venezolano expropió argumentando que era una respuesta a supuestas reincidencias en prácticas especulativas.
Esta decisión llevó al cierre de los supermercados como sanción a un supuesto aumento de los precios de sus productos en el marco de la devaluación del bolívar. Desde ese momento todos los puntos pasaron a llamarse “Los mercados del pueblo”.
Según registros de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), las acciones de expropiación por el gobierno del vecino país entre 2002 y 2012 bajo el concepto de “procesos de nacionalización”, afectaron a 1.168 empresas, entre las que se encontraban varias colombianas.
Los sectores más vulnerados por esa política fueron la industria de la construcción, la producción agrícola y el procesamiento de alimentos, el comercial, y el petrolero.
