sábado 22 de julio de 2023 - 9:57 AM
Nacional
Así el Gobierno Petro defiende ante la Corte el polémico artículo de regalías de la reforma tributaria
Se evalúa en la Corte Constitucional la disposición de la reforma tributaria que menciona que las regalías que las empresas minero-energéticas pagan como contraprestación no son deducibles de la base gravable del impuesto de renta.
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Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
16 días después de citada, ayer arrancó la audiencia pública en la que académicos y representantes del Gobierno tienen un cara a cara frente a magistrados de la Corte Constitucional.
El objetivo es evaluar si es constitucional un parágrafo de la Ley 2277, que es la reforma tributaria del gobierno Petro.
Tal disposición menciona que las regalías que las empresas minero-energéticas pagan como contraprestación no son deducibles de la base gravable del impuesto de renta.
En otras palabras, las compañías que explotan recursos naturales no renovables actualmente le entregan al Fondo Nacional de Regalías una parte de su dinero como contraprestación por utilizar recursos del Estado, como el suelo y el subsuelo.
Antes de la reforma tributaria de Petro, el impuesto de renta que debían pagar se calculaba deduciendo —es decir, restando— lo que entregaban a las regiones como regalías.
Cabe resaltar que el dinero que va a las regalías se invierte en regiones y no hace parte del Presupuesto General de la Nación, por lo que el gobierno nacional no puede disponer de él, sino que les corresponde a las entidades territoriales, luego de pasar por la intermediación del Departamento Nacional de Planeación.
Lo que la reforma plantea es que el impuesto de renta debería calcularse sobre el total de ingresos que tienen las petroleras y carboníferas.
Es decir, si una empresa que se dedica a la exploración y explotación de petróleo tiene ingresos de cien millones, antes tenía que entregarle 35 millones al Fondo de Regalías y calcular cuánto de renta debe pagar a partir de los 65 que le quedan.
Sin embargo, con la norma que entró a regir este año, esa misma empresa tendría que, además de pagar los 35 de regalías, declarar renta con base en los cien millones totales, no sobre los 65 restantes.
De las 56 demandas que reposan en los despachos de los magistrados de la Corte Constitucional, al menos trece tienen que ver con ese punto.
Tres de ellas, luego de ser admitidas, el 5 de julio provocaron que la Corte ordenara una audiencia pública, luego de varios meses sin pensar en una, para esclarecer argumentos de demandantes, opositores, expertos y académicos.
La sesión continuará el 4 de agosto, con la presencia del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo.
Ocampo fue el director de orquesta del trámite de la reforma en el Congreso, y fue quien logró cuadrarla para recoger veinte billones al año, aunque este año la cifra sería de $19,7 billones.
Más de la mitad llegaría de los impuestos a hidrocarburos, pues se estima que más de once billones se obtendrían por la tributación sobre la explotación del subsuelo y más de cuatro billones aportarían las empresas en general. No obstante, los números podrían cambiar de acuerdo con lo que ocurra en la Corte Constitucional, y por eso la audiencia es clave.
Los argumentos de las demandas
En criterio del congresista Carlos Osorio, uno de los que impulsó una de las demandas, “transgrede el principio de equidad tributaria", es decir, va en contra de la máxima de que las cargas en impuestos deben ser equilibradas, no excesivas o abusivas.
Esto, porque "incrementa artificialmente la base gravable del impuesto de renta al impedir la deducción de regalías", o sea, hace que las empresas paguen mucho más que antes sin motivos.
“impedir que el sector hidrocarburos y minería solicite la deducción del costo asociado con el pago de regalías es como impedirle a quien hace zapatos que pueda deducir el cuero y demás materias primas, tan intrínsecamente necesarias para la producción de estos”, mencionó Osorio, del Centro Democrático.
En ese sentido, para el representante a la Cámara las regalías son un pago que se le da al Estado para poder realizar la actividad extractiva, por lo que el impuesto de renta con la nueva base estaría asociado a su actividad productiva. "Nada distinto a un gasto", sentenció.
Por último, dijo que es un impuesto desigual en comparación con otros sectores relacionados con servicios públicos, como los que usan el espectro electromagnético, los que se enriquecen con las playas o los que construyen carreteras nacionales, pues ellos sí pueden tributar con base en lo que les queda después de deducir las regalías.
Por su parte, Lucy Cruz de Quiñones, que presentó su demanda junto al expresidente de la Corte Manuel José Cepeda Espinosa, criticó que el Congreso quisiera "desincentivar las industrias extractivas" a partir de contrariar "la definición constitucional de regalías" y desconocer los costos que implican las actividades económicas propias de ese sector.
Finalmente, el abogado demandante Juan Esteban Sanín señaló que "las regalías deben poder deducirse fiscalmente, y prohibir esto es inconstitucional".
Si se prohíbe la deducibilidad, "la tasa efectiva de tributación", es decir, el porcentaje que las empresas dedican de sus utilidades para pagar impuestos, "se triplica", llegando al 168,21 %, aunque en un abecé de la reforma publicado por el Gobierno se dice que la tarifa efectiva del sector petrolero estaría entre 33,6 % y 46,8 %, mientras que la del carbón sería de entre 42,7 % y 56,5 %.
La respuesta del Gobierno
La saliente ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, fue la primera en intervenir por parte del gabinete ministerial. En su corto tiempo al tomar la palabra, propuso una analogía según la cual las regalías y otras tributaciones son dos "reinos" diferentes que deben distinguirse.
En ese sentido, las regalías son una "contraprestación económica que debe ser retribuida sin perjuicio de otro derecho o de otra compensación".
Es decir, se trata de un pago que se le hace al Estado que no puede ser mezclado con otros. "Esto es importante, toda vez que lo que ha sucedido desde el 89 es precisamente que esos dos 'reinos' se han cruzado por la vía de la permisión de la deducibilidad de las regalías", dijo Vélez.
Según la exfuncionaria, lo que el Gobierno busca es "crear una condición de justicia que no existía antes".
En esa misma línea, mantener la prohibición de deducibilidad permite que en el Sistema de Regalías haya "una contribución para la diversificación productiva, para la inversión social y para la compensación por daños sociales y ambientales", mientras que, en el Presupuesto General, el otro 'reino', se tenga "un sistema de recaudo que viene a estructurar lo que es inversión del Estado".
El siguiente fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Por supuesto, defendió la prohibición de la desgravación.
Inicialmente, sostuvo que los recursos de regalías siempre han sido del Estado, por lo que no puede inferirse que allí está el costo de producción de las empresas.
"Si alguien va a explotar un recurso petrolero, y se acuerda una contraprestación de regalía del 35 %, de cien barriles que saca, 65 van a su actividad privada y 35 son del Estado. Esos 35 siempre han sido del Estado. El costo para el particular no son esos 35 barriles, sino cuánto le costó extraerlos. Nos están metiendo en una confusión. El costo de extraer ya se permite como deducción en la estructura tributaria del impuesto de renta", declaró Bonilla.
“Si se permite la deducibilidad de regalías, le estamos entregando al particular un recurso que nunca fue suyo”, concluyó el ministro. Además, añadió que si se continúa con la deducibilidad se desfinanciarían los presupuestos de Ambiente, Deporte y Cultura.
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