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Nacional
Miércoles 15 de marzo de 2023 - 12:00 PM

Gobierno presentó denuncia penal contra Viva Air

El objetivo de la denuncia es garantizar los derechos de los trabajadores que quedaron a la deriva tras las decisiones administrativas de la aerolínea.

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Archivo /VANGUARDIA
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El ministro de Transporte Guillermo Reyes González, radicó una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de Estafa agravada en modalidad masa, Ofrecimiento Engañoso de Productos y Servicios y otros, contra la aerolínea Vivia Air.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Transporte se tuvo en cuenta varios aspectos como: Que la aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones ocurrido el pasado 27 de febrero de 2023, una suma que asciende (de manera preliminar) a los 272 mil millones de pesos, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes.

Además, la aerolínea Fast Colombia S.A.S. (Viva) mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas antes de cerrar las operaciones evidenciando dolo por parte de la compañía.

Otro factor fue que la aerolínea sabiendo que no podía cumplirle a sus usuarios los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos que no podía materializarse.

Y finalmente, que a la fecha la aerolínea no ha realizado reembolso alguno a los miles de afectados, vulnerado con ello el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron sus servicios.

Agrega el comunicado que “esta actuación desplegada por Viva, generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedeció, presuntamente, a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea solicitada meses atrás”.

El Gobierno garantiza y respeta el derecho fundamental al debido proceso dentro de todas las actuaciones administrativas que se están surtiendo en contra de la aerolínea por parte de las autoridades del sector; pero al mismo tiempo, rechaza vehementemente cualquier actuación que vaya en contravía de la Constitución Política y la ley, concretamente en lo que atañe a las disposiciones que regulan la prestación del servicio de transporte aéreo.

El comunicado finaliza diciendo que “confiamos en que la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal y en el marco de sus competencias constitucionales, determinará no solo si las conductas denunciadas revisten características de delito, sino también, qué personas deberán ser judicializadas en calidad de presuntos autores y/o partícipes de los hechos que se han puesto en consideración del ente investigador y acusador por parte del gobierno”.

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Publicado por Redacción Economía

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