Luego de que se conociera el informe que publicó el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, en el que se reveló que hay reservas probadas de petróleo y gas para 7,5 y 7,2 años, respectivamente, desde el gremio insisten en impulsar los contratos existentes del sector para garantizar la autosuficiencia y la seguridad energética.
Francisco José Lloreda, director de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), dijo que “no es tarde para darle un impulso decidido a los contratos existentes de petróleo y gas, como lo hace el Gobierno, para hacer viables los recursos contingentes, y revisar, cómo lo dice el Plan de Desarrollo, la política de hidrocarburos a futuro”.
Un informe de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (Acggp) mostró que, según las cifras de Ministerio de Minas y Energía, con corte a diciembre, de 117 contratos que están en fase de exploración, 35 se encuentran suspendidos y 32 de ellos podrían contar con recursos en el subsuelo.
Los motivos de dicha suspensión en los contratos son de orden público, por trámites administrativos o ambientales, temas sociales, entre otras causas.
“Un proyecto de exploración normalmente tiene seis años de duración, en términos contractuales. Esos tiempos se están alargando mucho más por el tema de licenciamiento ambiental”, explicó Flover Rodríguez, director de la Acggp.
Los contratos suspendidos están distribuidos en diferentes regiones del país. La zona que tiene el mayor número es la cuenca Caguán-Putumayo, que tiene 14 de los 35; seguido de los Llanos Orientales, donde hay 10; la cuenca del Valle Medio Magdalena, con seis; la Cordillera Ambiental, con tres; la cuenca del Valle Superior del Magdalena, con dos; y los restantes en La Guajira, Catatumbo y Cesar-Ranchería.
Las cifras del Ministerio de Minas y Energía muestran que, de los 35 contratos suspendidos, 56% tiene problemas sociales y ambientales. “Los contratos de exploración de hidrocarburos han sido históricamente afectados por la falta de capacidad de las instituciones para tramitar las licencias ambientales”, dijo.
Respecto a la cuenca de Caguán-Putumayo, hay comunidades indígenas que se han opuesto a proyectos petroleros por la percepción negativa de la industria, asesinatos de líderes sociales, y presencia de grupos armados, que afectan las operaciones de empresas de hidrocarburos. Por ejemplo, en Caquetá, se denunció la extracción ilegal de oleoductos, como el de San Miguel-Orito, que ocasionó pérdidas a Ecopetrol por US$140.000.
En los Llanos Orientales, Parex suspendió los proyectos de hidrocarburos en desarrollo por la presencia de grupos armados como el ELN, por la falta de garantías para operar. El valle del Magdalena Medio también ha habido conflictos debido a los contratos con petroleras de la región.
Lloreda aseguró que esto “debe conducir a una profunda reflexión respecto a si están dadas las condiciones para garantizar autosuficiencia, seguridad energética, y la triple transición que requiere Colombia: exportadora, fiscal y energética”.
LAS DIFICULTADES PARA TRAMITAR LAS DIFERENTES LICENCIAS AMBIENTALES
Flover Rodríguez, director de la Acggp, dijo que las principales trabas que hay en los trámites administrativos son los tiempos, ya que a la Anla le toma hasta un año revisar dichos procesos. “El relacionamiento en territorio es complejo. Las empresas, además de la licencia ambiental en los casos que amerite, deben surtir ejercicios de consulta previa. El Ministerio del Interior necesita fortalecerse para mapear e identificar a las comunidades que no son sujetas del derecho a la consulta previa. Un ejemplo de esto fue lo que pasó en La Guajira”.
