viernes 01 de septiembre de 2023 - 9:30 AM
Nacional
Polémica por proyecto de ley que busca regular la industria webcam en Colombia, ¿formalización o monopolio?
Se estima que en Colombia hay entre 100.000 y 300.000 modelos que trabajan en esta industria, en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que tienen cerca del 70 % del mercado, seguidas de ciudades intermedias como Bucaramanga, Pereira y Armenia.
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La industria webcam, que cumple cerca de 20 años en Colombia, factura entre 600 millones de dólares y 1.000 millones de dólares al año, según cálculos de los empresarios del sector.
El representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo radicó en agosto en el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamenta la prestación del servicio de entretenimiento para adultos a través de portales web.
Esta iniciativa establece medidas de control y vigilancia para los establecimientos de comercio dedicados a esta actividad y garantiza condiciones de dignidad y bienestar para los y las modelos.
Para regular la industria se propone que las empresas constituidas por personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de comercio electrónico para adultos por medio de webcam estén organizadas y reguladas a través de la Federación de Comercio Electrónico para Adultos (Fencea).
Controlar y regular
De esta manera, Fencea será la encargada de controlar y garantizar que las empresas que exportan estos servicios sean lícitas y cumplan con todos los lineamientos que exige el Gobierno colombiano.
Asimismo, debe velar por el cumplimiento de las normas laborales entre las personas que se encuentran en la actividad y denunciar ante las autoridades correspondientes la omisión de estas.
Por este motivo, se exigirá que los y las modelos que desarrollen la actividad webcam coticen adecuadamente al sistema de seguridad social de manera independiente o lo hagan las empresas conforme al tipo de contrato de vinculación laboral que tengan los y las modelos.
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Actividad de exportación
Además, este proyecto de ley establece el uso de suelo destinado al servicio de comercio electrónico para adultos a través de webcam como una actividad de exportación de contenido adulto y no de entretenimiento o alto impacto, teniendo en cuenta que no son establecimientos abiertos al público y no se realiza expendio de licor, ni de bienes o servicios de manera presencial.
Adicionalmente, permite que los bancos o entidades financieras establezcan políticas que faciliten el acceso a créditos para las empresas que presten servicios de webcam lo cual ayuda a determinar la legalidad y trazabilidad de las operaciones de estas empresas y previene el lavado de activos y la no financiación al terrorismo, así como fomenta el desarrollo económico del país.
También este proyecto de ley pretende que la actividad webcam se debe desarrollar bajo principios de dignidad y libertad humana y fomenta la prevención, atención, asistencia y protección a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas y el acompañamiento en las etapas de investigación, judicialización y sanción de los tratantes de personas.
A partir de la entrada en vigencia de la ley y durante los seis meses siguientes, los establecimientos de comercio que se encuentren funcionando como estudios de producción con contenido para páginas webcam deberán cumplir con lo establecido en esta ley, de lo contrario serán sancionados como lo establezcan las normas correspondientes.
Impacto económico de la industria webcam
La industria webcam, que cumple cerca de 20 años en Colombia, factura entre 600 millones de dólares y 1.000 millones de dólares al año, según cálculos de los empresarios del sector.
Se estima que en el país hay entre 100.000 y 300.000 modelos que trabajan en esta industria, en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, que tienen cerca del 70 % del mercado, seguidas de ciudades intermedias, como Bucaramanga, Pereira y Armenia.
Además, se calcula que actualmente hay entre 10.000 y 15.000 estudios de producción.
“En las últimas décadas esta industria ha crecido de manera significativa, y actualmente genera importantes recursos y oportunidades laborales. De hecho, si se incluye el personal externo que se contrata, como camarógrafos, maquilladores, creativos, de mantenimiento, entre otros, la industria puede estar creando 1,5 millones de empleos formales. Por ese motivo es necesario regular al sector webcam para garantizar condiciones dignas para todos”, señaló el congresista Alejandro Ocampo.
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Críticas al proyecto de ley
Diferentes voceros de la industria webcam en el país advierten sobre los perjuicios que tendría la aprobación de un proyecto de ley presentado por Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, que pretende entregar el control total de la regulación de la industria a una sola federación.
Como se dijo en párrafos anteriores, el objeto del proyecto de ley es regular el servicio de entretenimiento electrónico para adultos a través del sistema webcam, desde la perspectiva tributaria, con base en lo reglamentado en el artículo 73 de la Ley 2010 de 2019, en el cual se grava con retención en la fuente a las personas jurídicas y naturales de este sector e incluye otras normas que le aplica a este tipo de servicio.
También aborda otras actividades de control y vigilancia. Sin embargo, llama la atención para empresarios y modelos que dicho proyecto le otorga a Fencea facultades de control y vigilancia como apoyo al Gobierno colombiano, lo que se interpreta como si existiera un ente único de tipo federación en el sector.
Además, especifica: “Las empresas constituidas por personas naturales o jurídicas que prestan servicio de comercio electrónico para adultos a través del sistema webcam estarán organizadas y reguladas en una Federación de Comercio Electrónico para Adultos o su sigla Fencea”, organización cuya procedencia es de la ciudad de Cali y que se cita como si fuera la única en el país.
Pero, cabe aclarar que, también existe la Federación Nacional de Comercio Electrónico para Adultos a través del Sistema Webcam (Fenalweb), cuyos afiliados se encuentran principalmente en: Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Eje Cafetero y otras regiones del país.
Peligro de monopolio
Sobre este proyecto de ley, Diego Valencia Correa, presidente de Fenalweb, explica que entregar directamente la regulación a un privado sería crear un monopolio, desconocer a otros actores de la industria y borrar un proceso de formalización y profesionalización democrático, que se ha construido durante los últimos años entre el Gobierno Nacional, modelos y empresarios.
“Una sola federación, de una sola ciudad, no tiene la capacidad ni idoneidad para regular lo que ocurre en otras ciudades como son Bogotá, Medellín, Bucaramanga o Barranquilla porque, además, las dinámicas de la industria son diferentes en cada región. Todos en la industria estamos trabajando por la formalización y profesionalización del sector, por eso, tenemos una mesa de diálogo tripartita abierta entre el Gobierno, los modelos y los empresarios, pero este proyecto de ley desconoce este trabajo colectivo. Nuestra posición es: regulación y estandarización sí, monopolio no”, dice el presidente de Fenalweb.
El líder gremial agrega que cualquier regulación del sector debería estar en manos del Gobierno Nacional.
“Una sola federación no puede aprobar permisos de funcionamiento y vigilar en todo el país, porque es contraproducente. La propuesta ideal que ya se ha expuesto en las mesas de diálogo que hemos tenido es que cada ciudad y región tengan su propia federación, y que luego haya una asociación nacional que reúna a todas las federaciones para tener interlocución ante el Gobierno Nacional o cualquier organismo de control”.
Cabe recordar que, en 2020, ya se había presentado un proyecto de ley similar por el senador Jonatan Tamayo Pérez, pero no fue aprobado en el Congreso de la República, porque atentaba en contra del derecho a la libertad de asociación o agremiación, al derecho a crear empresa y a los derechos de los trabajadores.
Además, similar al de Alejandro Ocampo, le daba exclusividad y facultades de control y vigilancia a Fencea.
Con lo anterior, el llamado de atención de Fenalweb al Gobierno es que se establezca un proyecto de ley que permita acercar todas las propuestas organizativas del sector y defina un marco común regulatorio de beneficio para inversionistas y estudios, que dé garantías de derechos para las y los modelos y que dé cumplimiento a principios internacionales de derechos humanos de parte del Estado colombiano.
De momento, las mesas de trabajo y diálogos entre el Gobierno Nacional, modelos y empresarios continúan, con el propósito de llegar a acuerdos colectivos que favorezcan la formalización total de una industria que beneficia, directa o indirectamente, a más de un millón de colombianos.
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Miguel Orlando Alguero
Periodista económico en Vanguardia. Magíster en Estudios Políticos, de la Universidad de Caldas. Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. De La Guajira.
malguero@vanguardia.com
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