En los últimos años han surgido decenas de aplicaciones móviles que replican sin control las prácticas de los gota a gota.
Los gimnasios ofrecieron clases de pilates a distancia, los curas bautizaron niños desde los atrios y a través de Zoom, salpicando agua por la pantalla del computador. Todos nos adaptamos a los rigores de la pandemia, y atrás no se quedaron los pagadiario: solo hay que abrir la tienda de aplicaciones de Google y escribir “préstamos rápidos”, o “créditos fáciles”, y se despliegan decenas de opciones: Supercrédito, Suplata, Plata Colombia, Rapi crédito, Vida Luja, Profin.
Todas las aplicaciones tienen la misma promesa de valor: prestar plata rápido y sin requisitos, sin codeudores, sin revisar la puntuación en Data Crédito. Tan ágil es el trámite que ni siquiera hay que sacar la fotocopia al 150 %. Basta con descargar la aplicación, mandar una selfie y una foto de la cédula. Los montos del préstamo oscilan entre los cincuenta mil pesos y los tres millones. El cupo aumenta de acuerdo a qué tan buena paga resulta el cliente.
Beatriz* se enteró de estas aplicaciones por una publicidad que le apareció el año pasado en Facebook cuando buscaba quien le prestara plata, pues su salario como cuidadora de niños de preescolar no le alcanzaba para llegar a fin de mes. La descargó, aceptó los términos y condiciones e hizo una solicitud por $350.000 pesos. El estudio del caso duró diez minutos, y ese mismo día recibió una transferencia a su cuenta de ahorros por 260.000. Esa fue la primera sorpresa: de entrada, le cobraron casi el 25% del total del préstamo por una supuesta tarifa por usar la plataforma. La segunda ocurrió cinco días después, con un mensaje de Whatsapp en el que le decían que tenía plazo hasta las dos de la tarde de ese mismo día para pagar los $350.000, pese a que según la publicidad de la aplicación tenía 91 días para cancelarla.
Como no tenía con qué pagar ese mismo día, pidió una semana más de plazo, que terminó costándole $50.000 pesos adicionales. Aunque los pagó, en ese momento aparecieron las primeras amenazas: si no pagaba antes del día y la hora de vencimiento, entonces los prestamistas le mandarían una foto suya a sus contactos más cercanos con un mensaje en el que decían que era una ladrona, una estafadora y una mala paga.
Esta es la razón por la cual estas plataformas no exigen fiadores ni historial crediticio, ni certificados laborales, ni fotocopias ampliadas: porque no hay un seguro más poderoso que el de acceder a la lista de contactos de sus clientes. Que es peor que ojear el álbum familiar del pobre deudor. La vergüenza es quizá el sentimiento predominante entre quienes acceden a estos créditos informales. Casi siempre lo hacen a escondidas de sus familias y amigos, de manera que la posibilidad de quedar expuestos es el mejor incentivo para exigir tasas de interés que exceden por mucho cualquier tope legal, o para acorralar a un desprevenido en busca de unos pesos adicionales. Además de la lista de contactos, estas aplicaciones tienen acceso a la galería de fotos, los mensajes de texto y hasta la localización.
En Colombia está permitido prestar plata, siempre que sea por debajo de la tasa de usura establecida por el Banco de la República, que para marzo de este año quedó en el 45,27 % efectivo anual, es decir, el 3,16% mensual. La mayoría de estas aplicaciones ofrecen tasas de interés por debajo de esa franja, sin embargo, hacen descuentos por tarifas de uso de la plataforma y comisiones que terminan superando con creces esos techos legales. Ante la subida de las tasas de interés para ponerle freno a la inflación, hace un par de semanas los principales bancos del país empezaron una competencia por llegar a los números más bajos: casi todos pasaron del 45% al 25% efectivo anual. Mientras tanto, en la calle los felices pagadiarios han seguido cobrando el mismo 20% mensual que cobran hace años sin inmutarse por pandemias o informes del Dane.
De acuerdo con los testimonios recopilados para este artículo, estas plataformas virtuales terminan cobrando incluso más que los tradicionales pagadiarios de extorsión presencial. Por un préstamo de $100.000, las personas tienen que pagar hasta $40.000 por el mero uso de la aplicación. Un interés del 40% mal disfrazado.
Casi un año después de ese primer crédito, cuando ya tenía cuentas pendientes en siete aplicaciones diferentes y cuando la deuda total ya se había trepado por encima de los 20 millones, al esposo de Beatriz le llegó por fin el temible mensaje. Le dijeron que su esposa era una estafadora y que más le valía pagar pronto, pues ya sabían cómo se llamaban y dónde vivían sus hijos.
Su matrimonio se vino a pique, y entró en depresión. La hostigaban día y noche, y si se pasaba una hora o dos de la hora límite de pago, la llamaban y le gritaban por el celular que era una rata. Beatriz no sabía bien cuánto debía ni cuánto eran los intereses ni cuántas las comisiones. Su esposo vendió el carro y así abonaron una parte. Su hija sacó un préstamo en un banco y con eso saldó el resto. Ahora llora desconsolada cuando recuerda que pensó varias veces en el suicidio para zafarse del lío.
El caso de Beatriz está lejos de ser excepcional. Las víctimas son miles, cientos de miles, quizás. Le pasó a Patricia*, que pidió un préstamo por $560.000 y le llegaron $340.000. A los cinco días le empezaron a cobrar la plata completa. A los meses ya se le caía el cabello por el estrés de los cobros. Estaba en tres aplicaciones, la llamaban y le ponían mensajes desde diez números de teléfono diferentes.
Pero si bien las víctimas de este modelo de extorsión son en su mayoría de las clases sociales más bajas, donde la educación financiera es escasa y las necesidades abundantes, no solo sucede allí. Conocimos la historia de un curtido periodista y escritor que también cayó en medio de una urgencia de plata. Aún después de haber saldado las deudas, nadie se atreve a revelar su identidad. De nuevo, la vergüenza.
Basta con dar una vuelta por los comentarios de Facebook o por las reseñas en Google para darse cuenta de que los tumbados se cuentan en múltiplos de cien. La mayoría de estas aplicaciones tienen más de 100.000 descargas, hay un par que incluso superan el millón.
“La peor experiencia de mi vida, tengo a un familiar en el hospital por culpa de esta gente” escribió alguien hace un par de días en el muro de Facebook de Súper Crédito. “La peor experiencia, te dicen que te prestan una cantidad y te quitan la mitad, te dan siete días para pagar y antes de que llegue la fecha de pago empiezan a acosar con llamadas y se apropian de tus contactos diciendo que uno utilizó sus números ilícitamente, que los puso de fiadores. Son una porquería, no se lo recomiendo a nadie” escribió alguien más en las reseñas de Google de la misma aplicación que tiene más de 50 mil descargas.
Pero las denuncias sobre los abusos que cometen quienes están detrás de estas aplicaciones no se han quedado solamente en quejas de redes sociales o medios de comunicación. Desde mayo del 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció una investigación a Nanocred Colombia, propietaria de Profin app, por presuntas violaciones de los derechos de los consumidores y el régimen de datos personales. Entre las infracciones que estaría cometiendo la aplicación, la Superintendencia encontró información engañosa, publicidad engañosa, falta de información, usura, información incompleta, no contar con los mecanismos de PQRS y no atender los requerimientos de información realizados por la Autoridad.
Han pasado once meses desde el anuncio de la entidad y la plataforma sigue en línea, tiene más de un millón de descargas y una calificación de 3,7 estrellas de 5 posibles en Google. “Esta app es un completo robo, me decía que tenía un desembolso de $50.000 y el total a pagar era $60.000, acepté y solo me llegaron $46.000 con un interés del doble y solo seis días para pagar. Deberían cumplir con lo que prometen”, escribió una de las usuarias hace dos meses. “Pésimo servicio, cómo es posible que le fijen una fecha para pago y tres días antes le empiezan a llamar y a enviar mensajes diciendo que lo van a reportar. Realmente no recomiendo esa app, pues aunque es fácil para desembolsar el dinero, son muy exagerados e inoportunos”, completa otra de las víctimas recientes.
¿Por qué si las autoridades tienen conocimiento de estas prácticas no hacen nada? Es la pregunta que se hacen las víctimas y quienes conocen de cerca el fenómeno de los pagadiarios como Carlos Eduardo Mira, director de Fomentamos, una Corporación que en asocio con cooperativas y ONG´s lleva 20 años arrebatándole víctimas a los pagadiarios que suelen estar soportados en estructuras criminales.
Con presencia en Antioquia principalmente y en otros tres departamentos del país, Fomentamos asocia a casi 20.000 personas, trabajadores informales o desempleados en su mayoría, quienes pueden acceder a créditos pequeños a bajas tasas de interés aún sin historial crediticio o estando reportados en centrales de riesgo. El 80% de esas 20.000 personas son mujeres. También son mayoritariamente mujeres quienes sufren y denuncian hoy los abusos cometidos por las aplicaciones en línea de “préstamos fáciles”. Según las cuentas de Fomentamos, el 60% de sus afiliados han padecido a los gota a gota, sin embargo, luego de entrar a la Corporación, el 92% disminuye o termina los préstamos con estos pagadiarios. Según Mira, su cartera tiene apenas el 0,12% de siniestralidad —préstamos que nunca se pagan— y apenas el 1,8% de mora de más de quince días. Prueba de que no es necesario amenazar ni extorsionar a las personas para que paguen a tiempo.
Pero a pesar de lo efectivo que parece ser el modelo de organizaciones como Fomentamos, el número de 20.000 afiliados después de una década se ve muy pequeño comparado con los cientos de miles de descargas de estas aplicaciones de las que poco se sabe. ¿Quién está detrás de ellas? ¿Quién las regula? ¿Hay bandas criminales o lavado de dinero detrás? Le preguntamos a la Superintendencia, a la Fiscalía y a la Policía, y dicen que investigan, mientras los gota a gota facturan
