Valeria Santos y Sebastián Nohra, periodistas de la cadena radial Blu Radio, destaparon un entramado de corrupción con los recursos del Acuerdo de Paz.
La periodista Santos reseña que a través de un sofisticado mecanismo de corrupción, entre funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría y algunos congresistas, se habrían apropiado hasta $500.000 millones en coimas de las regalías, que por ley están destinadas a la implementación del Acuerdo de Paz.
La periodista precisó en su cuenta de Twitter: “Con el agravante de que este monto se habría logrado porque durante este Gobierno se terminó adelantando el presupuesto de regalías de los próximos 10 años, según el comisionado Emilio Archila, quien era el presidente del Ocad-Paz”
Precisó que el Ocad-Paz entregó $4,4 billones en el 2021 para los municipios Pdet, sin embargo, el criterio de asignación habría estado mediado, según testimonios de alcaldes, por coimas para algunos funcionarios que podían incidir en el proceso de viabilización.
La investigación reveló: “Los implicados serían: Álvaro Ávila, director de regalías del DNP, del Partido Conservador, que según las fuentes estaría exigiendo para viabilizar los proyectos hasta un 5% de su valor. A Ávila lo nombró Luis Alberto Rodríguez, su coterráneo y copartidario del Partido Conservador. Carlos Gualdrón y Aníbal Quiroz, contralor para el posconflicto y para las regalías, nombrados por Felipe Córdoba, cobrarían el 2% de comisión para conceptuar favorablemente los proyectos”.
“Se gastaron todos los recursos del Ocad-Paz en el 2021 y premiaron a lo municipios del departamento del César, mientras que los de Guanía y Putumayo por ejemplo recibieron muy pocos recursos”.
Los denunciantes aseguran que “no ha emitido ningún informe técnico en el que exprese a las entidades territoriales en qué consisten los problemas que encuentra en los proyectos, y observadas las distintas comunicaciones se podrá advertir que son prácticamente las mismas, y en sus listados se incluyen o excluyen proyectos con reparos sin obedecer a criterios objetivos o técnicos, más bien parece un ejercicio absurdamente discrecional o interesado”. Quiroz afirmó que las quejas se trataban de falsas denuncias.
Dichos proyectos presentados por los alcaldes de los territorios deben cumplir con el visto bueno del DNP.
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