Comprometidos con la verdad
La eliminación de los contratos por prestación de servicios y una gran parte de los que son a término fijo hacen parte de las propuestas centrales del Ministerio de Trabajo en su proyecto de reforma laboral.
A medida que pasan las semanas, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, continúa revelando detalles de lo que será el articulado. Por ejemplo, se conocieron algunos puntos de cambio para los contratos fijos en el país.
El plan del Gobierno es que en marzo se pueda radicar en el Congreso ese proyecto de ley, que reunirá las iniciativas que desde diversos sectores se están planteando.
A término fijo
En entrevista con el diario El Tiempo, la ministra Ramírez indicó que buscarán cambios sustanciales en los contratos fijos de trabajo.
Sobre el futuro de estos contratos, la jefe de la cartera afirmó: “Todos podrían ser a término indefinido, esta es la más reciente experiencia en España y han sido exitosos”.
Agregó que esta idea surge sobre la base de un clamor de los trabajadores en el país, que piden que este tipo de vinculación contractual se acabe.
La ministra sostuvo que está escuchando el malestar de los trabajadores, ya que la idea podría ser que esos contratos a término fijo se dejen, dentro de la reforma laboral de Colombia, solo para aquellos trabajos que requieran una labor temporal muy precisa.
“El resto, todo a término indefinido, con seguridad social. Debemos acabar con la precarización laboral”, insistió Ramírez, a lo que agregó que este y otros cambios deben contemplarse bajo la premisa de que el país cuente con opciones laborales más dignas.
“Independientemente del tipo de trabajo o cómo se genere, donde haya un trabajador tiene que existir una garantía para que no haya precarización, lo que significa que se tenga protección de la seguridad social”, enfatizó Ramírez.
Prestación de servicios
Otra propuesta, como se mencionó al inicio de este informe, es la eliminación de los contratos de prestación de servicios
Esta propuesta lo que persigue es la formalización laboral, ya que para muchos expertos este tipo de contratación no da cuenta de un trabajo decente, de acuerdo con la normatividad laboral vigente y a los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por eso, el reto es grande, ya que hoy el 57,8% de los colombianos trabaja en la informalidad, según el Dane.
Y también teniendo en cuenta que el mismo Estado es el principal empleador de este tipo de contratos. La propuesta del Gobierno es regularizar a 700 mil de los 911 mil contratistas del país, antes de terminar su mandato, convirtiendo al Estado como un ejemplo de generar empleo digno.
Allynson Venegas Camargo, docente de la Escuela de Administración y Competitividad del Politécnico Grancolombiano, explica que un contrato exige al contratista el pago de la seguridad social sobre el 40 % de los ingresos mensuales. Además, debe pagar él mismo la ARL y tampoco recibe prima, vacaciones, cesantías ni intereses a las cesantías, lo que disminuye la seguridad y calidad de vida en el momento de terminación y no renovación.
“El gran dilema se centra en la mala utilización de este tipo de contratos, ya que el personal que está bajo la continua subordinación o dependencia de la compañía, no puede ser vinculado bajo esta modalidad porque se crea una relación laboral que implica el pago de todas las obligaciones que genera un vínculo de trabajo”, sostiene Juliana Granda Cardona, docente de la Escuela de Derecho y Gobierno del Politécnico Grancolombiano.
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“La reforma laboral debe hacerse pensando en los desempleados e informales”. Así lo dijo Miguel Gómez Martínez, decano de Economía de la Universidad del Rosario, tras conocer la cifra de desempleo de 11,2 %, publicada por el Dane para el 2022.
Insistió en que el propósito no es reforzar las garantías de los que ya están en el mercado laboral, sino pensar primero en aquellos que viven en la marginalidad y el desempleo.
“La reforma laboral es una oportunidad de oro para eliminar algunos de los obstáculos que impiden que millones de colombianos tengan empleos formales y estables. Los numerosos estudios que se han realizado en Colombia sobre los problemas del mercado laboral concluyen que se necesita un marco más flexible para la contratación de personal que mejore la productividad de la economía”, anotó el decano.
Por eso, para esta conversación hay temas que se relacionan con la necesidad de evitar los abusos que se vienen cometiendo por sectores empresariales con los contratos de obra o labor para el desarrollo de labores misionales o los contratos a término fijo para actividades que tienen vocación de permanencia en las empresas.
Carlos Julio Díaz, exdirector de la Escuela Nacional Sindical, encasilla en este aspecto el uso indebido que las Empresas de Servicios Temporales hacen de la figura de empleos en misión que van más allá de reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia y en incapacidad por enfermedad o maternidad.
Empleados y empleadores
Las dos docentes afirman que en el país se presentan muchas dudas frente a la posibilidad de desmontar los contratos por prestación de servicios, ya que es una figura admitida jurídicamente y reconocida por la Corte Constitucional, pero que además cuenta con una amplia aplicación para diversos profesionales que no encuentran otra mejor opción.
Si bien la precariedad es palpable y real, también es cierto que prohibir el uso de este tipo de contratos podría generar importantes consecuencias para la economía del país.
Las expertas consideran que se podría dar un alto índice de desempleo, por el impacto económico que genera para los empleadores. “Los empresarios consideran que, en caso de ser una norma obligatoria, se pueden manejar equivalencias en los salarios para que el costo siga siendo el mismo para la empresa, disminuyendo las afectaciones económicas”.
Sin embargo, esto implicaría que los empleados reciban un salario menor al acostumbrado, generando un golpe en el bolsillo.
Concluyen que el contrato de prestación de servicios es una forma de contratación necesaria, por ello, más que eliminar esta modalidad, principalmente se requiere que se contemplen varios factores para tener unas políticas públicas que brinden ofertas laborales en donde los derechos de los trabajadores sean respetados, exista una cobertura total en cuanto al sistema de protección social y a su vez se favorezca el diálogo social junto con las prácticas éticas y racionales que les den garantías a los trabajadores de tener un empleo decente.
