miércoles 17 de mayo de 2023 - 8:32 AM
Supersociedades confirma sanción al excontratrista Emilio Tapia por escándalo de Centros Poblados
La Superintendencia de Sociedades sancionó a Tapia con una multa por $232 millones por omitir información, es decir, no revelar en el registro mercantil su condición de controlante en el contrato de Centros Poblados.
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Suministrada / VANGUARDIA La decisión de esta entidad encargada de vigilar y controlar a las sociedades mercantiles del país, señala que tanto Emilio Tapia como Hugo Armando Cabanal sí hacían parte de la Unión Temporal de Centros Poblados, el contrato por $70.000 millones para llevar internet a las regiones más desconectadas y vulnerables del país que terminó en un escándalo de corrupción política.
La Superintendencia de Sociedades resolvió los recursos de reposición y apelación interpuestos por Emilio Tapia Aldana contra la decisión que lo declaró como controlante de ICM Ingenieros S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S., ambas en liquidación judicial.
El pasado febrero, la Superintendencia de Sociedades sancionó a Tapia con una multa por $232 millones por omitir información.
Ahora, la entidad confirmó la resolución en la que, además se le impuso una multa por $232 millones, por no revelar en el registro mercantil su condición de controlante, de acuerdo con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, precisó que “la declaratoria de control, en este caso, resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos judiciales para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006”.
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Contexto
Hay que recordar que el régimen de insolvencia empresarial, legitima a los acreedores de las sociedades en liquidación para iniciar las acciones judiciales que conllevan el levantamiento del velo corporativo en busca de la responsabilidad de los controlantes.
La decisión de esta entidad encargada de vigilar y controlar a las sociedades mercantiles del país, señala que tanto Emilio Tapia como Hugo Armando Cabanal sí hacían parte de la Unión Temporal de Centros Poblados, el contrato por $70.000 millones para llevar internet a las regiones más desconectadas y vulnerables del país que terminó en un escándalo de corrupción política.
De acuerdo con la Superintendencia, los dos contratistas no notificaron que eran agentes controladores y dueños de las empresas implicadas en ese contrato firmado con el Ministerio de las TIC, pese a que esa información debía incluirse en los estatutos corporativos.
Tapia era el actor controlante de la compañía ICM Ingenieros S.A.S., en proceso de liquidación judicial, y Canabal era el controlante de Intec de la Costa S.A.S., también en proceso de liquidación judicial.
En diciembre de 2022, Emilio Tapia enlodó a la familia de la exministra de las TIC, Karen Abudinen, y al empresario barranquillero Cristian Daes. Así se escuchó en audios de conversaciones que tuvo Tapia con funcionarios públicos a quienes les contó del entramado de corrupción que se tejió en Centros Poblados para quedarse con el billonario contrato que pretendía llevar conectividad a escuelas rurales de Colombia.
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Miguel Orlando Alguero
Periodista económico en Vanguardia. Magíster en Estudios Políticos, de la Universidad de Caldas. Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. De La Guajira.
malguero@vanguardia.com
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