sábado, 01 octubre 2022
sábado 30 de julio de 2022 - 12:00 AM

Fueron absueltos estudiantes universitarios acusados por terrorismo en Bucaramanga

Después de diez años a los seis jóvenes capturados en septiembre del 2012 en una finca de Lebrija con 136 ‘papas bomba’ y quienes fueron acusados de orquestar un plan terrorista en la UIS, los absolvieron de los cargos formulados. Vanguardia habló con Équipo Jurídico Pueblos sobe la defensa de los estudiantes. Señalan que se trató de un montaje judicial.

Después de diez años, cuatro meses y 28 días, Cristian Leiva, Xiomara Torres, Érika Aguirre, Alexis Bueno, Diego Alejandro Ortega y Carlos Carrillo fueron absueltos por un juez del Circuito Penal de Bucaramanga, luego de haber sido acusados por terrorismo en el año 2012, cuando fueron capturados en una finca de Lebrija, Santander con 136 ‘papas bomba’ y elementos químicos para fabricar más artefactos explosivos.

Justicia para el ‘Caso Lebrija’

Así se le conoció al procedimiento de la Policía que acaparó la atención de los medios de comunicación de todo el país por tratarse de la supuesta participación de jóvenes estudiantes en un grupo insurgente denominado Juventudes M-19.

Eran señalados de orquestar un plan terrorista en la UIS y así fueron expuestos ante la opinión pública por las autoridades.

“Este grupo de estudiantes se encontraba preparando material explosivo para protestas en la UIS, donde de acuerdo con el material recaudado, pretendía cometer acciones vandálicas en conmemoración del segundo aniversario de la muerte de alias ‘Mono Jojoy’”, expresó el entonces director de la Policía Nacional, el general José Roberto León, en el momento de la captura.

Luego de una década de lucha legal en la que tres de ellos fueron defendidos por el Equipo Jurídico Pueblos de Santander, los estudiantes y egresados lograron recobrar su honra demostrando que fueron objeto de un aparente fraudulento operativo. Pero ahora permanecen exiliados, salieron del país porque temen por sus vidas.

¿Se trató de un montaje judicial?

La captura se efectuó el 26 de septiembre de 2012 en una finca de la vereda Llanadas de Lebrija. 30 hombres del grupo de Delitos Contra el Terrorismo, de la Dijín irrumpieron en el lugar para realizar el allanamiento.

Encontraron 136 ‘papas bomba’ que ya estaban listas, productos químicos, teléfonos celulares, memorias USB, un computador portátil, propaganda alusiva al grupo ‘Juventudes M-19’ y un mapa de lo que sería una universidad.

En la información de inteligencia que suministró la Policía indicaban que los estudiantes habían alquilado la finca por tres días. Sin embargo, la defensa de los jóvenes alega que solo pasaron unas cuantas horas desde que los jóvenes llegaron bajo engaños de un agente de inteligencia infiltrado.

“Cúper Diomedes Díaz Amado se hizo pasar por líder estudiantil y los llevó a la finca. Él salió junto con otros dos hombres minutos antes de que llegaran los demás agentes, antes de eso implantó en una bolsa negra el material que incautaron”, afirmó a esta redacción Leonardo Jaimes, abogado del Equipo Jurídico Pueblos.

El agente infiltrado sería el informante que la Fiscalía mantuvo como fuente con reserva de identidad por ser quien entregó la información a las autoridades para dar con su captura.

Estuvieron en prisión durante cuatro años

Como si se tratara de criminales de alto calibre, los estudiantes fueron custodiados por un fuerte dispositivo de la Policía y llevados al Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga donde fueron presentados en audiencia pública ante un juez de control de garantías.

La Fiscalía los imputó por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares que contempla una pena de hasta 22 años de cárcel.

Los estudiantes acusados estuvieron tras las rejas durante cerca de cuatro años cumpliendo con la medida preventiva; los hombres permanecieron en la Modelo de Bucaramanga y las mujeres en la Cárcel de Chimitá. Luego obtuvieron la libertad por vencimiento de términos.

Este miércoles fueron absueltos

“No se conformó convencimiento judicial” es lo que profiere el fallo que emitió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga luego de la audiencia extraordinaria que tuvo lugar el pasado miércoles.

El fallo resuelve la absolución a favor de los acusados del cargo formulado en su contra.

“Con esta decisión se cierran diez años de un doloroso montaje judicial que jamás logró doblegar la dignidad de las personas que fueron criminalizadas. La decisión del juez se convierte en un aliento de esperanza en la justicia de este país”, expresó el movimiento ‘Objetivo Libertad’.

“Querían que perdiera legitimidad las movilizaciones estudiantiles”

Para el abogado Leonardo Jaimes el procedimiento pretendía producir miedo y pánico ante las movilizaciones que se registraban en todo el país por la reforma del sistema educativo.

“Los movimientos estudiantiles se movilizaban por la defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Lo que se pretendió fue que se perdiera la legitimidad de dichas movilizaciones.

Es muy lamentable, usaron agentes infiltrados y encubiertos. Esa modalidad viola derechos humanos, es lo mismo que ocurrió con la captura de los jóvenes señalados de pertenecer a la ‘Primera Línea’”, agregó Jaimes refiriéndose a los once jóvenes capturados el pasado mes de junio en el área metropolitana de Bucaramanga por la supuesta comisión de delitos durante las manifestaciones del 2021.

“La Fiscalía solicitaba la medida de aseguramiento intramural contra las y los jóvenes, y fundamentó su petición en los informes rendidos por cuatro ‘agentes encubiertos’”, alegó la defensa de ese caso.

El mismo argumento fue planteado en el proceso judicial que enfrentaban los capturados por el ‘Caso Lebrija’.

Los argumentos del fallo

“A partir de un análisis juicioso de las pruebas y alegaciones de los sujetos procesales, el juez cuestionó, en primer lugar, la calidad en la que actuó el principal testigo de cargo (el policía Cuper Diomedes Díaz), indicando que varias de las actividades desplegadas por éste requerían autorización tanto de la Fiscalía como de los jueces de control de garantías.

Recordó además, que la información de inteligencia en un proceso penal, no tiene valor probatorio sino es un simple criterio orientador de la investigación, que ha de ser coordinada por parte del ente de persecución penal. De manera que esta situación genera en la judicatura serias dudas sobre la validez de los elementos recolectados en el marco de la diligencia de allanamiento”, se lee en el comunicado en el que el Equipo Jurídico Pueblos explica el veredicto.

Agregan que, además, hubo fallos en la responsabilidad penal que atribuyeron a los procesados. “Los delitos fueron imputados en condición de coautoría impropia, por lo que la Fiscalía debió precisar y probar qué función o aporte esencial realizó cada una de las personas sometidas a judicialización, en el hecho de fabricar y conservar sustancias explosivas.

No puede ser -dice el juez- que por el hecho de haber sido capturados en flagrancia, se pueda dar por probada la responsabilidad penal individual. La presencia en el lugar del allanamiento solo tiene un mínimo valor inferencial o de motivo fundado, pero tanto fáctica como jurídicamente debió la Fiscalía individualizar a cada una de las personas y señalar concretamente sobre cada uno de ellos, cómo participó o concretó el hecho delictivo”, dice el texto.

Una vez se conoció el fallo, la Fiscalía y el Ministerio Público interpusieron el recurso de apelación, que deben sustentar dentro de los cinco días hábiles. El proceso penal continua pero la corporación Jurídico Pueblos celebra la decisión que significa un alivio para los acusados y sus familias.

La decisión es sin duda alguna un logro importante para las y los jóvenes sometidos a juzgamiento. Sin embargo, deben continuar las acciones dirigidas a denunciar la problemática de la infiltración en las universidades públicas y la forma como esta impacta el pensamiento crítico o la libertad de cátedra. Queda un largo camino de visibilizar los montajes judiciales como modalidad represiva del Estado y evidenciar su afectación individual, familiar y social”, concluye el comunicado de la organización defensora de derechos humano

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