El Gobierno de Sudáfrica ha informado este viernes de que ya son 212 personas las que han perdido la vida en el marco de las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato.
La ministra interina de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, ha actualizado el balance de víctimas y ha detallado que han fallecido 189 personas en la provincia de KwaZulu-Natal y 32 en Gauteng, tal y como recoge la cadena de televisión eNCA.
Ntshavheni también ha indicado que son 1.692 las personas detenidas en estas dos provincias en relación con las movilizaciones que se suceden desde el pasado fin de semana. Entre las personas detenidas estaría el que fuera jefe de la Agencia de Seguridad sudafricana, Thulani Dlomo, uno de los doce presuntos instigadores de las protestas, recoge SABC News.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha afirmado este viernes, en un discurso televisado, que "quienes están detrás de estos actos han buscado planificar una insurrección popular" en el país y ha denunciado que "la inestabilidad actual constituye una contravención directa al Estado de derecho".
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Las protestas tienen "como objetivo provocar inestabilidad social", así como "debilitar severamente el Estado democrático y la economía", ha aseverado, recoge el periódico 'News 24'. En esta línea, ha considerado que el caos ha sido utilizado como una cortina de humo para un "sabotaje económico".
"A través de noticias falsas y desinformación, han buscado inflamar la violencia. Han buscado manipular a los pobres y vulnerables para su propio beneficio", aunque "este intento de insurrección no ha logrado el apoyo de nuestra gente".
Ramaphosa también ha confirmado la cifra de 212 muertos en el contexto de las movilizaciones, y ha precisado que se trataría de 131 casos de asesinato, mientras que se han abierto 81 expedientes de investigación. Por otro lado, ha hecho un balance de los daños económicos, con al menos 161 centros comerciales, 11 almacenes y 8 fábricas, entre otros, destruidos.
A pesar de la violencia vivida en los últimos días, Ramaphosa ha asegurado que se vive un aparente regreso a la calma con una "fuerte disminución" de la violencia.
En referencia a la respuesta de las autoridades, el mandatario ha admitido que no tenían "las capacidades y los planes para responder rápidamente", pero que "una vez que se desplegó personal de seguridad adicional, se pudo restablecer la calma". En esta línea, ha confirmado que ha aprobado el despliegue de otros 25.000 soldados en las áreas donde más conflictos se han notificado y los puntos comerciales clave.
Ramaphosa ha descartado por el momento declarar un estado de emergencia y ha insistido en que encontrarán a los presuntos responsables que estarían detrás de las protestas y que los llevarán ante la Justicia.
"Si bien la calma ha regresado, la amenaza a nuestro país sigue presente y real. Los responsables de organizar esta destrucción no han sido abordados, pero sabemos quiénes son y la Policía sigue su pista", ha ultimado.
También ha informado de sus visitas a diferentes localidades que la semana pasada fueron escenario de protestas, donde "las calles y los edificios muestran las cicatrices del caos. Pero lo que da más miedo es el costo que ha cobrado en la vida de las personas", ya que "el costo humano tardará mucho más en repararse".
Las protestas
Las protestas estallaron después de que Zuma ingresara en prisión después de que el Tribunal Constitucional le condenara a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato al frente del país.
Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela titulado 'La captura del Estado'.
