El expresidente peruano Pedro Castillo participó virtualmente ayer, desde la prisión donde está recluido, en una audiencia para evaluar la petición fiscal de detención preliminar en su contra, mientras es investigado por rebelión por haber dictado la disolución del Congreso.
El peruano Pedro Castillo amaneció ayer en prisión y como expresidente de su país. Tachado incluso por sus excompañeros como golpista, se ha sumado a la larga lista de mandatarios electos de su país que han sido arrestados por distintas razones.
Y es que en Perú ganar en las urnas es casi sinónimo de terminar en prisión. Como compañero de prisión en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), Castillo tiene al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El caso de Fujimori, quien llegó a la Presidencia -al igual que Castillo- apoyado por los sectores populares frente al escritor Mario Vargas Llosa, visto en su época como la voz aristocrática, es probablemente el más célebre.
“El chino”, como era popularmente conocido pese a ser hijo de emigrantes japoneses, tiene más paralelismos con su compañero de prisión.
En 1992 perpetró un autogolpe de Estado rechazado por la comunidad internacional -aunque con un fuerte apoyo de la ciudadanía peruana- cuyos ecos resonaron con fuerza el pasado miércoles, cuando Castillo ordenó cerrar el Congreso e instalar un Gobierno de emergencia.
En la década conocida como “Fujimorato”, abundaron los casos de corrupción y el expresidente fue condenado por delitos de lesa humanidad, acusado de casos escabrosos incluso por su exesposa.
El caso Alan
Si Fujimori es sinónimo de autoritarismo para los peruanos, y los medios -incluso los más conservadores- lo tachan de “dictador”, para muchos Alan García lo es de “corrupción”.
El exmandatario dirigió el país en dos periodos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011.
Llegó a la Presidencia en 1985 con una reconversión monetaria bajo el brazo y una nueva divisa el inti. Esa moneda, como esos años, se convirtieron en sinónimo de hiperinflación y devaluación.
Y sin embargo, la figura política más determinante de los últimos años junto a Fujimori es recordada sobre todo por su final.
García se quitó la vida en 2019 cuando las autoridades tenían en marcha un operativo para detenerlo en Lima. El político era investigado por un caso de corrupción vinculado a Odebrecht.
El nombre de esa empresa brasileña se convirtió en el otro gran hilo conductor de la política peruana en el siglo XXI.
Caso Lava Jato
Ollanta Humala (2011-2016) es el último mandatario electo que ha terminado su mandato, pero, un año después de salir del Palacio de Gobierno, ingresó a prisión de manera preventiva por los tentáculos del caso Lava Jato.
Fue el primer mandatario no brasileño en entrar en prisión por ese caso por el que ahora espera juicio en libertad.
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El Poder Judicial dispuso el mes pasado reprogramar la toma de las declaraciones a los ejecutivos de Odebrecht para enero de 2023 en el caso de Humala.
La reprogramación fue acordada días después de que el Ministerio Público Federal de Brasil acordara la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con el Estado peruano en el caso de megacorrupción Odebrecht, tras una solicitud de la empresa.
“La decisión se tomó como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la ‘no utilización de pruebas producidas en Brasil’ contra la empresa en aquella jurisdicción”, dijo a la agencia de noticias.
