Comprometidos con la verdad
Un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz revela cómo el Clan del Golfo controla el tráfico de migrantes por la frontera entre Colombia y Panamá, a través de la selva del Darién, en donde “las acciones de los Estados y las organizaciones internacionales siguen siendo insuficientes”.
Esta radiografía es respaldada por el trabajo en terreno de organizaciones como la Fundación Juntos se Puede, liderada por la abogada venezolana Ana Karina García. A propósito del Día Internacional del Migrante, estipulado por la Organización de Naciones Unidas, Vanguardia habló García, quien hace un llamado a los gobiernos de ambos países para establecer, entre otras soluciones, una zona de frontera especial en Necoclí y se pueda abrir un punto de control migratorio en los puertos, especialmente después de las medidas anunciadas el 12 de octubre pasado por parte del Gobierno de EE.UU. y que restringen el paso de venezolanos en condición irregular a través de México.
¿Cómo termina la Fundación Juntos Se Puede conectada con lo que ocurre en las selva del Darién?
El año pasado hicimos la ruta desde Cali hasta Ipiales y nos encontramos con el fenómeno de unos jóvenes venezolanos caminando y que decían que iban hacia Estados Unidos, pero pasaban por Medellín. No entendíamos muy bien qué era lo que estaba ocurriendo. Profundizamos y nos dimos cuenta que estaban saliendo por el golfo de Urabá. Hicimos una alerta en nuestro informe de esta ruta el año pasado y contamos lo que estaba ocurriendo: estas personas no vienen solas, vienen a través de unos guías de zona o coyotes, integrantes de una red criminal de trata de personas. Quiero recalcar que esto ha sido un punto de salida de migración hacia los EE.UU. desde hace más de diez años. Salían los cubanos, haitianos y africanos, es decir, existe una cultura migratoria a través de este golfo que se incrementa.
¿Qué cuentan los migrantes sobre el paso por la selva del Darién?
En general, el golfo de Urabá ha sido un territorio gobernado por grupos irregulares donde sus fuentes económicas son la siembra de coca. Tenemos historias de personas que no dan nombres y que cuentan que su primo o hermano se quedó en la selva porque le ofrecieron la posibilidad de sembrar coca y tener un salario para luego continuar el viaje. Es una realidad en la que no estamos actuando, así como el reclutamiento voluntario o forzado de grupos irregulares para siembra y distribución de coca en la selva del Darién.
¿Por qué hasta ahora se pone la lupa en el tránsito por la frontera con Panamá?
La diáspora venezolana es organizada. Existen micro redes territoriales donde el venezolano busca al venezolano, y cuando una población consigue una ruta de salida y de éxito, los demás la siguen. Esto no se ve en otras diásporas. Lo que ocurrió el 12 octubre fue que se dio un refrescamiento de la población por las medidas tomadas por EE.UU. y se generó una demanda más grande de viajes marítimos, pero la realidad es que la población venezolana tiene por lo menos año y medio saliendo por esta ruta.
¿Cómo operan las organizaciones criminales?
Hay una red criminal de organización internacional e ilegal que está ofreciendo paquetes para esta ruta. Hay coyotes acompañando durante todo el camino. A esto no se le ha puesto nombre, pero hay un proceso grande de trata de personas a través de todo el continente, y eso tiene que llamar la atención de las autoridades en términos de seguridad de Estado, y no de seguridad de Colombia o Panamá únicamente, sino como continente.
¿Qué ocurre con los controles migratorios de las autoridades?
Evidenciamos cómo un guía recibe al migrante, luego lo envía con una foto de otro guía que lo va a recibir en Capurganá, y los llevan a un campamento que no es un campamento oficial sino de un grupo irregular. Allí los organizan por nacionalidad, los dividen en cubanos, venezolanos, haitianos, y dependiendo de las nacionalidades que estén, un guía emprende con ellos el camino a través del Darién. Cuando llegan a lo que es la frontera con Panamá, se dan cuenta que no es una frontera establecida como sí lo es en Cúcuta o Ipiales. En esa no hay controles migratorios de ningún país. El migrante pasa de coyote en coyote, de un lado a otro, y así van teniendo a las personas a través de todo el continente y Centroamérica, hasta llegar a los EE.UU.
Explíquenos más sobre la falta de control migratorio, pues hablamos del tránsito entre la frontera de dos países.
Hay una realidad compleja y es que Necoclí no es un municipio fronterizo, y al no serlo, no hay controles migratorios. Es decir, yo puedo sacar a un niño por ahí sin ser su papá, sin tener una autorización legal. Nada más entre el 12 y el 13 de octubre, cuando se dio la medida del gobierno de Estados Unidos de restringir el paso de migrantes venezolanos en condición irregular, se contabilizó la salida de 1300 niños que no sabemos si estaban con sus tutores legales, si estaban con sus padres o si están dentro de una red de trata de personas para ser vendidos en el exterior. Hay que hacer una alerta muy importante, porque más allá de las micro redes territoriales de la diáspora, que son unas micro redes de comunidad, de creación, de interrelación entre los mismos, también hay unas redes criminales transnacionales que están haciendo trata de personas y que los venezolanos y personas de otras nacionalidades están siendo víctimas de esto.
¿Qué ocurre cuando no logran pasar a Panamá y se regresan al territorio colombiano?
Cuando se ven situaciones como estas, todos nos estamos preguntando qué estamos haciendo como país y qué estamos haciendo como continente en términos de gobierno, para que podamos disminuir esas realidades y esos procesos de violación de derechos humanos, porque en ese camino tenemos historias de violaciones, de niñas menores de edad que se ahogan en los ríos, porque no hay condiciones de tránsito. Tenemos historias de jóvenes que se han caído de las comunas de Medellín después de la medida del 12 de octubre tomada por Estados Unidos, porque se quedaron encerrados en Necoclí, no tenían dinero y regresaron a Medellín caminando o en tractomulas. No tenían otra opción. Se tomó una medida como la que se tomó, que puedo entender se hizo por la soberanía del Estado, que es una medida válida, aunque no la comparto, pero se hizo alejada de un enfoque de política pública, de derechos humanos, donde tiene que haber una política de retorno humanitaria para estos procesos.
Se conoce de migrantes que se quedan en Necoclí a la espera de una oportunidad para pasar. ¿De qué viven mientras tanto esas personas?
Hacen trabajos como quitar los palos que llegan de las costas hasta las playas. Así reúnen un poco dinero para retornar o continuar el camino hacia la selva del Darién.
¿Cuál sería la solución en este paso fronterizo?
Lo que pide la Alcaldía es que declaren a Necoclí como zona de frontera especial de la Cancillería para que pueda existir un punto de control migratorio en estos puertos. Son dos pequeños muelles de madera donde salen embarcaciones, pero no hay manera de que las autoridades tengan control del paso ilegal. Sí hay una frontera oficial entre Colombia y Panamá, pero los migrantes no salen a través de esta y por eso es que atraviesan la selva del Darién. Y cuando ya están dentro de la selva, no hay ni autoridades colombianas ni panameñas. Lo que hizo Panamá fue montar un campamento humanitario de la ONU. Igual, no hay control migratorio, pero al menos sí humanitario, lo que permite verificar si los niños están acompañados por un representante legal o adelantan el proceso de restablecimiento de los menores.
