Guantánamo: Veinte años de una “muerte lenta”
El 11 de enero de 2002, los 20 primeros prisioneros vestidos de uniforme naranja llegaron en un vuelo militar al centro de detención de la base estadounidense Guantánamo, en el marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”.
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Veinte años después, la polémica prisión militar de alta seguridad ubicada en el este de Cuba, es símbolo de la injusticia, los abusos, la tortura y el desprecio por el Estado de derecho en el mundo, según han denunciado ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW).
Orquestada por el entonces presidente George W. Bush como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. para albergar a talibanes y de la red terrorista Al Qaeda, su cierre está pendiente desde el mandato de Barack Obama.
Una promesa aún sin cumplir por el actual presidente Joe Biden, quien solo ha trasladado a un preso y debe esperar la luz verde del Congreso para clausurarla definitivamente. Si bien esta semana al cumplirse las dos décadas de su apertura, Estados Unidos aprobó la liberación de cinco detenidos de Guantánamo.
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Por ella han pasado más de 780 prisioneros acusados de terrorismo. Actualmente permanecen tras las rejas 39 musulmanes de 12 nacionalidades, 27 de ellos sin cargos penales en su contra ni juicios a la vista, sin certezas sobre su futuro.
Además del costo humano, moral y de imagen, la Casa Blanca gasta en promedio 540 millones de dólares al año únicamente para mantener detenidos en Guantánamo, calcula HRW.
Un lugar tristemente famoso por torturas y detención indefinida, que no ha hecho más que socavar la credibilidad global de Estados Unidos en materia de derechos humanos.
‘Lucha contra el terrorismo utilizando el terror’
Efectivamente, desde su creación en el 2002 en el contexto de la guerra contra el terrorismo, la base fue creada para burlar la protección garantizada por la Constitución de Estados Unidos, opina Enrique Prieto-Rios, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.
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Sumado a ello, señala la cuestión del Derecho Internacional Humanitario que aplicaría a los detenidos en este lugar, y que ha sido objeto de discusión.
En ese sentido, Manuel Alejandro Correal Tovar, docente de Derecho Internacional de la Universidad Libre, anota que el punto de partida es “la condena a EE.UU. desde todos los sectores de defensa de los derechos humanos por la apertura y utilización de Guantánamo como prisión “especial” donde se cometen vejámenes a personas sustraídas del amparo de la ley”.
Lo anterior significa, que los detenidos pierden sus garantías judiciales, lo cual según él, es muy grave porque les da carta blanca a los encargados de Guantánamo, de realizar cualquier violación de los derechos humanos.
“En términos generales estar recluido en Guantánamo es una forma de perder el reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto me permite estar de acuerdo con la afirmación de Amnistía Internacional y advertir que no todo está permitido, si luchas contra el terrorismo utilizando el terror: ¿Qué te diferencia del terrorista?”, cuestiona Correal Tovar.
Prieto-Rios concuerda con esto, al afirmar que es un “centro de detención que por su ubicación y funcionamiento facilita la violación de derechos humanos sin que exista claridad sobre el ordenamiento jurídico al cual pueden acudir para su protección”.
¿Por qué no se cierra?
¿Por qué razón para Estados Unidos conseguir cerrar una prisión, que nunca debió abrirse, es tan difícil?
Aunque Biden ha mostrado su interés de cerrarla, se construye una nueva sala de audiencias secreta en Guantánamo, lo cual resulta contradictorio, responde Prieto-Rios.
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Para él la dificultad radica en dos barreras: Una de tipo legal, debido a que por legislación federal existen limitaciones para transferir los prisioneros que allí se encuentran a prisiones estadounidenses, y esto requeriría un cambio en la legislación que implicaría acuerdos en el Congreso, lo cual no es tarea fácil.
En segundo lugar menciona la barrera política porque esta decisión no cuenta con el necesario apoyo político de las bases de los dos partidos, es decir Republicano y Demócrata.
Por su parte, Correal Tovar se refiere a una doble agenda de las potencias en materia de derechos humanos.
“Por una parte la exigencia a los Estados de la periferia para que protejan los inviolables derechos humanos, por otra parte ese misma exigencia no opera para las potencias que pueden desconocer los derechos humanos de cualquier persona o pueblo alegando razones de Estado”, enfatiza el experto.
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A juicio de Geraldine Bustos, docente de la Universidad de La Sabana, el problema radica en que cerrarla traería unos impactos en términos políticos y discursivos muy altos.
Sería una reafirmación de que la guerra contra el terror emprendida por EE.UU. fue un “error” y que todo lo que se desarrolló en el marco de esta, también lo fue, remarca.
Esto, según ella, es un costo político muy alto de asumir, pese a que el actual partido de gobierno, refiriéndose al Demócrata, no haya impulsado directamente esta cruzada antiterrorista de la Administración Bush.
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Periodista de Vanguardia desde 1996. Egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Editora de la sección de Tendencias y Vanguardia Kids. Editora nocturna.
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