La Fiscalía de Río de Janeiro denunció este viernes por el asesinato de un civil a dos policías que participaron en una operación en la favela de Jacarezinho, el pasado mayo, que terminó con la muerte de 28 personas y que fue calificada como "la mayor masacre de Río en su historia".
Según la entidad, los dos uniformados "asesinaron" a Omar Pereira Silva, montaron pruebas falsas en el lugar de los hechos y sacaron el cadáver del lugar antes de que las autoridades realizaran las pericias correspondientes.
Asimismo, la denuncia señala que los policías también fueron responsables de poner una granada en el lugar del crimen y de presentar, en el momento en el que llevó a cabo el registro de los hechos, una pistola y un cargador, alegando que pertenecían a la víctima.
Según los fiscales responsables, los posibles delitos investigados durante la referida operación están siendo analizados caso por caso, por lo que es posible que se presenten más denuncias contra otros uniformados.
La violenta acción policial, en la que murieron 27 civiles de una comunidad pobre y un policía, tuvo lugar el 6 de mayo en la favela de Jacarezinho y fue calificada por organizaciones defensoras de derechos humanos como la mayor masacre en la historia de Río, por los abusos cometidos por los uniformados durante la acción, que se extendió durante nueve horas.
De acuerdo con la ONG Human Rights Watch (HRW), las evidencias señalaron que durante el operativo en Jacarezinho ocurrieron casos de ejecuciones extrajudiciales, abusos contra detenidos y destrucción de pruebas.
Al conocer la denuncia este viernes, HRW pidió que el caso sea juzgado con "imparcialidad" y solicitó a la Fiscalía investigar también a quienes ordenaron la operación.
"La Fiscalía debería investigar no sólo a los policías civiles directamente involucrados en la incursión, sino también a los comandantes de la Policía Civil que planearon y ordenaron el operativo más letal en la historia de Río", aseguró César Muñoz, investigador de la ONG en Brasil, citado en un comunicado.
"El mismo día de la operación, ese comando dijo que no hubo ningún abuso, antes de cualquier investigación. Por eso la policía no puede investigarse a sí misma. La Fiscalía debe investigar todos los casos de muerte por intervención policial, en Río y en el resto del país, para garantizar la imparcialidad", agregó.
Las operaciones policiales estaban prohibidas en Río desde junio del año pasado por la Corte Suprema de Justicia, tras una serie de supuestos abusos por parte de los agentes que causaron la muerte de al menos 65 personas en tiempos de confinamiento social por la pandemia.
Según HRW, desde que se prohibieron las operaciones unas 1.500 personas han muerto a manos de los uniformados en Río.
