El expresidente del Gobierno catalán, Quim Torra, presentó un recurso de amparo ayer ante el Tribunal Constitucional para evitar su inhabilitación por el delito de desobediencia durante las elecciones de 2019.
El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha exigido que el derecho a la autodeterminación esté “por escrito” en el orden del día de la próxima mesa de diálogo con el Gobierno, porque de lo contrario cree que sería una reunión “inútil”.
En su primer día como expresidente de la Generalitat tras ser inhabilitado, Torra ha visitado a los políticos presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona) y al salir ha atendido a los medios de comunicación.
Preguntado por la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, ha remarcado que debe estar “sobre la mesa un proyecto de ley de amnistía” de los políticos presos y los “exiliados” y que, además, debe figurar “por escrito” en el orden del día que se abordará “el derecho a la autodeterminación” de Cataluña.
“Queremos verlo escrito, ya basta de fotografías y reuniones inútiles solo para escenificar un presunto diálogo”, ha remarcado el ya expresidente de la Generalitat.
En cuanto a si tras su inhabilitación participará en la segunda mesa de diálogo, en el caso de que se llegara a convocar, ha afirmado: “Esto lo decidirán mis compañeros”.
Torra ha explicado asimismo que ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con la intención de agotar el recorrido legal en España y poder librar luego la “batalla” en los tribunales europeos, con la confianza de que estos le serán favorables.
Desde que se haga efectiva la sentencia hoy mismo, el Gobierno catalán, fruto de una coalición entre el partido independentistas JxCat y ERC (republicanos de izquierda) quedará en funciones, encabezado por el vicepresidente del actual ejecutivo, Pere Aragonés (ERC).
A partir de ahí se abre el plazo para que el presidente del Parlamento regional haga las gestiones para la investidura de un nuevo jefe del ejecutivo catalán y, si no se puede, se convocarían nuevas elecciones, que podrían celebrarse en febrero de 2021.
La sentencia del Tribual Supremo, que se esperaba desde hace días, provocó una cascada de reacciones, que se dividen entre las de los sectores independentistas, que la consideran un ataque a la libertad, y las de los principales partidos españoles, que respetan la decisión del Tribunal Supremo y piden la convocatoria de elecciones.
El Gobierno subrayó su “respeto a las decisiones judiciales” tras conocerse la inhabilitación del presidente catalán y no quiso hacer más valoraciones.
Respecto a la reacción de los partidos, tanto el gobernante Partido Socialista español como el opositor y conservador Partido Popular pidieron la convocatoria de nuevas elecciones regionales en Cataluña, donde viven algo más de siete millones de personas.
Desde los partidos que integran el Gobierno catalán, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, consideró que la inhabilitación de Torra, representa “un ataque a la democracia” de un Estado “que solo entiende de represión”, y abogó por una respuesta de consenso.
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La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ante lo que calificó como una “interferencia indigna” del Poder Judicial, llamó al independentismo a que se conjure para superar en las próximas elecciones la “barrera del 50 %” de los votos y “ratificar” el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Por su parte, las entidades independentistas ANC y Òmnium cultural, que organizaron las movilizaciones populares durante el proceso secesionista de 2017, convocaron esta tarde concentraciones de rechazo a la inhabilitación de Torra frente a los ayuntamientos catalanes.
