Miles de peruanos desafiaron el pasado martes el toque de queda ordenado por el presidente Pedro Castillo para Lima y su vecina provincia de Callao y se manifestaron en la capital para pedir la renuncia del mandatario, quien tuvo que reversar la medida. Las protestas dejaron al menos seis muertos.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, sobrevivió hace nueve días a una moción de destitución, pero, lejos de haberse fortalecido, se enfrenta a un desafío global en su contra en el Congreso y en las calles, que piden su dimisión tras las fuertes revueltas violentas y paros en el transporte.
Las portadas de ayer son unánimes y claras: Perú vive la enésima coyuntura de crisis con un Congreso, mayoritariamente opositor, que no ha cesado en su acoso al mandatario durante los ocho meses que lleva en el cargo. Pero ahora sus aliados también comienzan a deslizarse hacia la crítica, mientras las calles de Lima y otras ciudades son tomadas por manifestantes ante la pasividad, cuando no inacción, de la Policía.
Estas son algunas de las claves del desafío global a Castillo:
Comenzó hace nueve días y, pese a que no había sido escenario de graves protestas hasta hoy, se ha convertido en el eje sobre el que pivota la crisis que tiene a Castillo contra las cuerdas. Ayer, la violencia escaló al morir un joven que participaba en las manifestaciones durante un enfrentamiento con la Policía en la región sureña de Ica.
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Los transportistas empezaron un paro por el alza mundial del combustible, al que el Gobierno reaccionó con una exoneración impositiva que tuvo efectos positivos y comenzó a desinflar las protestas, todas ellas muy alejadas de Lima.
El paro fue la excusa para que Castillo, de forma imprevista y al filo de la medianoche, decretara un toque de queda para Lima y la vecina provincia del Callao para este martes cuyas razones no explicó y que, posteriormente, su Gobierno justificó en unos informes que alertaban de posibles saqueos en la capital.
Miles de limeños desafiaron ese toque de queda al acudir este martes al centro de la capital para pedir la dimisión de Castillo en una protesta que comenzó de manera pacífica pero que acabó con disturbios, 25 policías heridos y 18 detenidos.
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En Lima no se habían producido altercados relacionados con el paro de transportes, pero bastó la declaración del estado de emergencia y el toque de queda para que, a unos metros del Palacio Legislativo, la avenida Abancay se convirtiera en un campo de batalla entre manifestantes y agentes, donde bombas de gas lacrimógeno se cruzaban en el aire con piedras y botellas.
La jornada acabó con el asalto a la sede de la Corte Superior de Justicia, que según su presidenta, Elvia Barrios, se produjo de forma premeditada, ataques a comercios e incendios a mobiliario urbano, altercados que las fuerzas del orden miraron con pasividad y en los que, en ocasiones, se limitaron a pedir a los violentos que cesaran su actitud.
Tiene una imagen popular peor que la del propio Castillo, pero el Congreso se ha convertido en el principal obstáculo político para el Gobierno.
Con una mayoría claramente opositora, en apenas ocho meses el gobernante ha tenido que superar dos mociones de destitución (para las que el Parlamento debe contar con dos tercios de los votos), además de haber sido cuestionado en numerosas ocasiones.
La última vez que la abierta hostilidad del Congreso tomó cuerpo fue el pasado 1 de abril, cuando la Cámara aprobó una moción de destitución contra el ministro de Salud, Hernán Condori, lo que obligó a Castillo a retirarlo del cargo y tener que nombrar a su tercer responsable para este cartera durante su Gobierno. Todo ello, en el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo por el COVID-19.
Castillo cuenta en el Legislativo con los votos de Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático que le aseguran un débil equilibrio que garantiza que la oposición no cruce la línea de 87 votos necesarios para destituirlo y que podría verse amenazado tras las fuertes críticas que recibió el martes el presidente por parte de algunos aliados.
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Entre las críticas recibidas, se destacaron las de su presidenta del Consejo de Ministros entre el 6 de octubre y el 31 de enero pasado, Mirtha Vasquéz, quien definió el toque de queda como una “medida arbitraria” y pidió al mandatario que se “hiciera cargo” y que buscara salidas democráticas.
Otro de sus principales apoyos durante la última vuelta electoral, la política Verónika Mendoza, líder de la coalición progresista Juntos por Perú, declaró en Twitter que “el Gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha”.
Las escenas vividas con miles de manifestantes desafiando el toque de queda muestran a una oposición movilizada en las calles de Lima y su área metropolitana.
La ira mostrada, más allá de los ataques contra edificios del centro de Lima, indican que hay un numeroso grupo de ciudadanos que no quiere que Castillo siga en la Presidencia, bien porque han cambiado su opinión en los últimos meses o porque no aceptaron su victoria electoral tras la polarizada campaña de 2021.
Además de las cacerolas que se escuchan cada cierto tiempo en la capital, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) ha convocado a una manifestación para este jueves en Lima a la que pueden sumarse los descontentos, espoleados por la fragilidad que muestra el gobernante, para tratar de forzar su destitución.
