Con la expedición de este decreto ha surgido cierta desconfianza respecto al alcance de la intención gubernamental, al apreciarse que la emergencia podría ser aprovechada para desviar recursos de la gestión pública o, más grave aún, que no se provean los medios indispensables para atender los problemas de salud y de subsistencia de la población y, a cambio, se beneficie la banca privada.
Es verdad incontrastable que una crisis financiera desbarataría por completo el andamiaje económico; por tanto, ese sector requiere especial consideración. De ahí que su regulación y supervisión deban ser estrictas, pues en caso de colapso lo que corresponde es rescatarlo. Acción que, por supuesto, no puede significar rescatar a sus operadores sino a los depositantes y usuarios del crédito.
El apoyo a la liquidez incumbe al Banco de la República que, con ese propósito, hizo una reciente inyección de $20 billones y ha bajado la tasa de interés de referencia.
Por ello no es aceptable que en el decreto de marras se hayan incluido los numerales 3, 4 y 5 en el artículo 4, que se refiere al uso de los fondos del Fome, en los cuales se faculta al Gobierno para insuflar recursos al aparato crediticio e invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas que desarrollen actividades de interés nacional. De igual forma, el artículo 8 permite operaciones de transferencia temporal de valores, habilitando como colaterales admisibles los títulos de cartera comercial, vivienda, consumo o leasing.
Se hace aconsejable la derogación de estas normas puntuales para evitar perjudiciales interpretaciones y la impresión de que se intenta privilegiar, aún más, a un renglón muy rentable de la economía, cuando bien se sabe que la superación de la angustiante coyuntura depende de aplicar la medida equitativa del “todos ponen”.
Conviene recordar la nefasta consecuencia de pretender paliar angustias sociales a través de los bancos, como en efecto sucedió en 1999 con la crisis del Upac. Ocasión en la cual “la operación rescate” llevó a que las familias perdieran sus casas y las firmas constructoras se quebraran, en beneficio de “sus salvadores”.
