En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conformó la Misión Internacional Independiente de Investigación de Venezuela para evaluar las violaciones cometidas desde 2014, mandato que luego prorrogó por dos años hasta septiembre de 2022.
En el primer informe de la ONU, de septiembre de 2020, se evidenciaron, a la letra, numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida violencia sexual y de género, delitos atroces cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014.
En su segundo reporte, de septiembre de 2021, la ONU identificó el papel de los dos servicios de inteligencia militar del Estado venezolano -la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Dgcim, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin-, en la perversa ejecución de violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad punibles por la Corte Penal Internacional, según lo dispone el Estatuto de Roma.
En el tercer informe, de septiembre 2022, la ONU especifica el papel que desempeñan las cadenas de mando de ambos organismos de inteligencia estatal en la “ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”.
La ONU ha documentado cuidadosamente 122 casos de víctimas que fueron detenidas por la Dgcim, de las cuales “77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual, de género y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes para torturar y humillar a sus detenidos. La tortura se llevó a cabo en su sede La Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país”.
El Sebin ha torturado a políticos de oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos en el tenebroso centro de detención El Helicoide, en Caracas, donde detuvieron, arbitraria e injustamente, a Leopoldo López, los funcionarios norteamericanos de Citgo y otros 240 presos políticos, según la ONG Foro Penal.
