Caos, según los diccionarios, es el desorden o la confusión absoluta, y es lo que estamos padeciendo en este momento los colombianos, pues la situación social se ha salido de control y esto termina por convertir la convivencia en un auténtico calvario.
Si usted amable lector quiere comprobarlo salga a la calle de cualquiera de nuestras grandes, medianas y pequeñas ciudades y verá cómo hemos llegado a un punto en donde cada cual hace lo que le viene en gana, no solo a nivel individual sino también colectivo, y lo grave es que no pasa nada, hasta el extremo de que por la incapacidad del Estado de remediar la situación, los ciudadanos estamos quedando en manos de aquellos a quienes la violación de la ley y de los derechos de los demás se ha convertido en una forma de vida.
Este caos está llegando hasta las mismas empresas privadas que, algunas de ellas, han sido incapaces de desarrollar sus propias gestiones; es lo que está pasando con la EPS Sanitas o con las encargadas de vender el SOAT, obligatorio para todos los vehículos.
Culpables somos todos, algunos más que otros; los que tenemos mayor responsabilidad somos nosotros mismos por la actitud pasiva adoptada que facilita el obrar de quienes convirtieron el desorden en su modus vivendi hasta el punto de haber empezado a entenderlo como normal y aceptarlo así; si no miremos lo que pasa en nuestro Congreso, que según dicen los que lo disfrutan, más parece una plaza de mercado que una Asamblea de personas educadas.
Analicemos lo que sucede con la policía y aún con el mismo Ejército que han sido, en mucho, sobrepasados por los grupos fuera de la ley ante la ineficiencia del Estado para poner coto a la violencia que generan.
Igualmente, lo que está ocurriendo con el ejecutivo: es más el desbarajuste que está ocasionado que las soluciones reales adoptadas, amén de que no dejan de espantar determinaciones como la de excarcelar a los vándalos de la primera línea y darles el carácter de “gestores de paz”, que no es otra cosa que legalizar sus actividades so pretexto de ejercer el derecho a protestar que es muy diferente al terrorismo de su accionar criminal.
