En columna de agosto 31 / 2016 reproducía informes académicos y de agencias internacionales de salud que alertaban -desde décadas atrás- sobre los riesgos asociados al consumo de algunos antiepilépticos por parte de mujeres embarazadas. Es el caso del antiepiléptico Depakine; anotaba que, según la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos de Francia (agosto 24/ 2016): “14.322 mujeres embarazadas estuvieron expuestas al antiepiléptico Depakine (ácido valproico y derivados)”. Pues bien, la prensa internacional informó que un tribunal de París le ordenó al Estado francés (Le Monde, julio 2/2020): “compensar a tres familias cuyos hijos están severamente discapacitados después de haber estado expuestos en el útero a un antiepiléptico vendido por Sanofi”. “Según estudios del año 2018 entre 16000 y 30000 niños se encontraron discapacitados después de estar expuestos en el útero al ácido valpróico contenido en antiepilépticos como Depakine”. Sanofi es una multinacional presente en numerosos países, incluido Colombia.
El Estado francés fue condenado pues el tribunal consideró (France 24, julio 2) que: “no cumplió con su deber de control al no tomar las medidas apropiadas”. “Según diferentes estudios, miles de niños nacieron en Francia con discapacidades a causa del valproato de sodio, una molécula presente en el Depakine y utilizada contra la epilepsia y los trastornos bipolares”. Parece cierto que no se tomaron medidas oportunas frente a un problema conocido desde hace décadas. Por ejemplo, un informe de 2018 (Enero 25) de BBC News señala: “En Francia un informe de 2017 de las autoridades de salud relacionó directamente el medicamento con “malformaciones severas” en 4.100 niños. El medicamento, para tratar la epilepsia, se receta desde hace cuatro décadas en un centenar de países del mundo, bajo distintos nombres comerciales como Epilim o Depakine, así como Chrono, Epilim Chronosphere, Episenta, Epival, Depakote y Depamide”. “Tomarlo durante el embarazo aumenta el riesgo de que los bebés tengan malformaciones físicas, bajo coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje y autismo”.
La presidenta de la Asociación de Asistencia a Padres de Niños con Síndrome Anticonvulsivo (Apesac) que representa a 7500 familias víctimas del producto señaló: “Es una victoria muy grande, pero esta responsabilidad del Estado no estaba en duda”. En la pagina de Apesac se puede leer: “Prescritos durante el embarazo, estos antiepilépticos ponen al feto en riesgos muy graves”.
