Al finalizar 2021, se informó (Vanguardia, 12/27/2021) que “un grupo conformado por 3.000 apicultores, interesados en la defensa de las abejas y polinizadores frente a la muerte masiva como consecuencia del manejo indiscriminado de plaguicidas, presentó ante un Juez... una millonaria demanda contra el Estado colombiano”. La demanda señala que las autoridades del sector agricultura y ambiente son responsables... “por omitir la regulación estricta para el uso de agroquímicos; tales como Fipronil, Clorpirifós, Neonicotinoides y otros”. Los efectos de estos plaguicidas son conocidos; de ahí que hayan sido prohibidos en algunos países, caso de neonicotinoides.
En columna titulada “Sigue matanza de abejas, esenciales para la agricultura” (12/02/2020) citaba publicaciones que reseñaban los efectos del Fipronil sobre las abejas. Citaba otras publicaciones que señalan al Roundup (glifosato más aditivos) como otro de los plaguicidas que -además de sus efectos sobre la salud humana- también afectan a las abejas. Una publicación de la British Ecological Society (04/06/2021) se titula: “Roundup causa altos niveles de mortalidad después de la exposición por contacto en abejorros” y señala “estos resultados de mortalidad demuestran que Roundup representa un peligro significativo para las abejas, tanto en sistemas agrícolas como urbanos, y que la exposición de las abejas a ellos debe ser limitada”.
El año pasado el presidente Duque firmó un decreto que pretende regular la aspersión de glifosato sobre los cultivos ilícitos; hecho que también genera protestas. Académicos de prestigiosas universidades le enviaron una carta al presidente de Estados Unidos expresando preocupación por su apoyo a “la campaña equivocada del presidente Duque para reiniciar la fumigación aérea (con glifosato) a los cultivos de coca” pues esta “presenta importantes riesgos para la salud y el medio ambiente”.
Protestas de apicultores han ocurrido en diferentes países. En Argentina, la Sociedad de Apicultores convocó el año pasado (septiembre) a un “abejazo” para denunciar la muerte masiva de abejas por “efecto colateral de la agroindustria y el uso de agroquímicos”. “Eso se llama ecocidio, los agroquímicos determinan la muerte de las abejas y envenenan el agua, la tierra y los alimentos que consumimos”. Algunos países y organizaciones le han propuesto a la Corte Penal Internacional (CPI) incluir el ecocidio en la lista de crímenes internacionales; considerado este como “el daño masivo y la destrucción del mundo natural viviente”.
