No comulgo con ese periodismo que exige perfección en las operaciones del Estado, como la del Putumayo, pero ignora las realidades de un flagelo que es imperativo combatir.
La guerra contra las disidencias de las Farc, que secuestran, hacen atentados contra la población civil y generan una estela de muerte por medio de del narcotráfico, es una guerra. Los guerrilleros, para enfrentarla, se mezclan con la población civil y les organizan bazares con el fin de tener su apoyo, al tiempo que los amedrentan para mandar en los territorios en que cultivan, procesan y transportan la cocaína.
El Estado ante esta realidad tiene dos alternativas: la primera, el ‘laissez-faire’ del gobierno Santos, que hizo que el negocio floreciera y se pasara de cuarenta mil hectáreas cultivadas a más de doscientas mil. Así, afirman quienes la defienden, los campesinos inocentes ganan su sustento y la sociedad paga la deuda histórica que tiene con ellos.
Nada más alejado del modelo de una sociedad que funciona que dejar territorios a la sombra de la ley, donde el que más armas tiene es el que administra justicia con criterio propio y sin mecanismos de balance. Es el imperio de la violencia, donde el funcionamiento no se basa en el consenso de la población, sino en la voluntad de quienes ostentan la fuerza de manera ilegítima.
La segunda alternativa que tiene el Estado es enfrentar el flagelo de los criminales. Como diría un entrenador de fútbol, las fuerzas armadas pueden jugar bien, pero la guerrilla no es coja; se camufla entre civiles y los utiliza de escudo, usa el poder de su dinero para corromper las autoridades y entierra minas antipersona. Enfrentarlos es tarea difícil, que difícilmente se ejecuta sin imperfecciones.
Para colmos, las fuerzas militares colombianas deben enfrentar tanto a este difícil adversario como al periodismo que les exige operaciones sin tacha, en las cuales tengan, en una guerra irregular, la precisión de identificar y dar de baja solo a los insurrectos, mientras sus opositores hacen atentados indiscriminados a la población civil.
Desde mi orilla no comulgo con ese periodismo que exige perfección en las operaciones del Estado, como la del Putumayo, pero ignora las realidades de un flagelo que es imperativo combatir.
