miércoles, 08 diciembre 2021
sábado 28 de agosto de 2021 - 12:00 AM

El legitimo derecho a hacer observaciones

Estas desafortunadas apreciaciones del Tránsito de Bucaramanga demuestran entonces, un claro desconocimiento del ejercicio legítimo y democrático de control social
Escuchar este artículo
Image
Columna de
Marcela Pabón

El control ciudadano a la contratación pública puede ser ejercido por cualquier particular, en diversas instancias, como la participación en audiencias y la presentación de observaciones a los pliegos de condiciones y a los informes de evaluación, con el fin de informar a las entidades contratantes sobre las posibles irregularidades, errores o falencias evidenciadas dentro del proceso, y de tal manera propender por el cumplimiento de los principios de transparencia, planeación y selección objetiva entre otros.

En ese sentido, el control social ejercido especialmente por las veedurías se constituye en un derecho que posee la ciudadanía para prevenir, proponer, acompañar y vigilar la gestión pública, y al mismo tiempo, se establece como el deber de las entidades contratantes, a escuchar, analizar y responder de fondo y oportunamente a las observaciones que se le realizan, pues en concordancia con la ley 850 de 2003 “La información solicitada por las veedurías es de obligatoria respuesta”.

Sin embargo, entidades como la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, no han entendido el rol de acompañamiento que realizan las veedurías en la gestión contractual y suelen tomar una actitud agreste hacía éstas.

En días pasados, frente a la solicitud sobre indicadores financieros y frente a la petición de mejorar la calidad de los documentos publicados en un proceso contractual con el fin de que la información pudiera ser consultada sin dificultad por parte de los interesados, la entidad confeccionó su tardía respuesta en términos peyorativos tildando de temerarias las observaciones elevadas por la veeduría.

Se debe recordar, que la opacidad de la información (información de difícil acceso, con falta de claridad, insuficiente o desactualizada) es una de las principales banderas rojas de alerta al momento de realizar control social a la gestión pública, pues atenta de manera directa al principio de publicidad y al derecho de acceso a la información del que gozan todos los ciudadanos.

Estas desafortunadas apreciaciones del Tránsito de Bucaramanga demuestran entonces, un claro desconocimiento del ejercicio legítimo y democrático de control social, cuyo fin último es el efectivo cuidado de lo público y el desarrollo de procesos contractuales bajo los principios rectores de la contratación estatal, a los cuales, esa entidad, está obligada.

MARCELA PABÓN
Suscríbete
Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.

Etiquetas

Publicado por
Lea también