Desde el pasado 10 de febrero, Colombia Compra, a través de su circular 1/2021, anunció las entidades territoriales que a partir del 1 de abril deben utilizar la plataforma SECOP II para toda su gestión contractual. En Santander, los municipios obligados son Barrancabermeja, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y San Gil.
Sin embargo, las argucias no se hicieron esperar. Barrancabermeja publicó 15 procesos nuevos en Secop I, entre el 24 y el 27 de marzo, es decir, una semana antes de empezar a regir la obligatoriedad de publicación en Secop II y valga decir, que estos procesos, suman más de 20 mil millones de pesos. Por su parte, el municipio de San Gil, entre el 24 y el 31 de marzo, publicó en Secop I, 17 procesos cuya sumatoria supera los 7 mil millones.
De tal manera, estas dos entidades, apresuraron la contratación de cuantiosos procesos a través de Secop I, en lugar de utilizar directamente el Secop II.
Recordemos que secop I es una plataforma exclusivamente informativa, en la cual los interesados consultan los documentos del proceso, pero la oferta se presenta de manera física y la interacción con la entidad contratante, se realiza a través de documentos físicos o correos electrónicos.
En cambio, Secop II es una plataforma transaccional, administrada por la Agencia Nacional de Contratación Pública, en la cual las propuestas se presentan en línea y todo el proceso contractual se desarrolla directamente en la plataforma de manera cifrada, permitiendo el registro preciso y el seguimiento completo de cada una de las actuaciones y evitando la manipulación de documentos por parte de los intervinientes en el proceso. Por ello, entre otras cosas, el Secop II, ha sido pensado como herramienta para reducir los riesgos de corrupción.
En consecuencia, es sumamente llamativo que, a pocos días de la obligatoriedad de su implementación, estas entidades públicas, abrieran numerosos procesos por cuantías tan considerables, sin utilizar Secop II. ¿Acaso se quiso evitar en estos procesos, los beneficios de tal plataforma, como la trazabilidad de las actuaciones, la inalterabilidad de los documentos, o la facilidad de acceso público a una información completa y en tiempo real, que permite el control efectivo y la participación ciudadana?
