Nuevamente, es necesario fijar la atención en los procesos contractuales que surten las Empresas Sociales del Estado, como es el caso del Hospital Regional Manuela Beltrán, del municipio del Socorro.
Contra todo principio de proporcionalidad y transparencia, el Hospital Manuela Beltrán abrió, el lunes 4 de octubre, una convocatoria pública para la adecuación y mantenimiento de las áreas de cirugía, obstetricia, parqueaderos, solárium y área pediátrica, por más de 2.000 millones de pesos, con recepción de ofertas hasta el miércoles 6 de octubre a las 2:00 p.m. Posteriormente, gracias a las observaciones de las veedurías, se concedió como extensión, tan solo una tarde más, señalando como fecha de recepción de ofertas el 7 de octubre 7:00 a.m.
De tal manera, los interesados en participar contaron con solo tres días para conocer el proceso, armar la propuesta con las condiciones específicas de la infraestructura hospitalaria, comprar pólizas, detallar los costos de cada una de las actividades, contar con la disponibilidad de equipos y recurso humano, y además recolectar, organizar y presentar los numerosos documentos que conforman su propuesta.
Es muy poco probable que una empresa pueda elaborar una propuesta seria y responsable en tan corto tiempo, a menos de que cuenten con información privilegiada desde antes de la publicación del proceso, teniendo en cuenta las complejidades técnicas de un proyecto de infraestructura.
Esta práctica reprochable, que ya se había evidenciado también en el Hospital Universitario de Santander y en el Hospital Regional de García Rovira, de Málaga, es erróneamente justificada, apelando al régimen especial de contratación del que gozan las Empresas Sociales del Estado, pasando por alto que esto no los exime de cumplir con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Las entidades con regímenes especiales no deben olvidar que el objetivo de un proceso licitatorio es sentar las bases justas y equitativas, para que la entidad pueda comparar y seleccionar entre diversas ofertas, la más favorable.
Es hora entonces, de que los entes de control verifiquen e intervengan estos casos de manera oportuna, donde so pretexto de regulaciones especiales, se transgreden la transparencia, la libre concurrencia y la óptima gestión contractual con dineros públicos.
