Se ha hablado mucho sobre el perdón social, entre otras cosas, a involucrados con escándalos de corrupción. La corrupción, según datos revelados por el Contralor General, cuesta anualmente 50 billones de pesos, y se mantiene latente en la debilidad institucional que acompaña al Estado, incapaz de controlarla.
Según se sabe, los países cuyas instituciones son débiles y corruptas, generan una sociedad de igual manera.
“Las prácticas corruptas impiden materializar los principios y los objetivos del Estado social de derecho, en la medida en que concentran en manos de unos pocos los recursos y bienes que deberían destinarse a intereses colectivos, distorsionan la toma de decisiones a favor de intereses particulares, aumentan los costos de administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la autoridad , erosionan la confianza ciudadana y en las instituciones y contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado “ (Elizabeth Ungar, La corrupción den Colombia. cáncer de la democracia)
De acuerdo con el índice global de impunidad 2020 (igi-2020) Universidad de las Américas Puebla, Colombia obtuvo una calificación de 46.9, ubicándose en el rango de impunidad media. En este mismo documento se expresa que la impunidad es un fenómeno que se presenta internamente en niveles elevados: el 57% de departamentos se clasifica en un grado alto o muy alto de impunidad y sólo el 9% se encuentra en un nivel bajo.
Mientras a los corruptos se les otorgue impunidad jurídica, perdón social y ausencia de reparación integral del daño al erario, no existirá jamás la posibilidad de erradicar este flagelo que cercena la oportunidad de desarrollo.
Sin embargo, a pesar de las múltiples leyes existentes en Colombia de lucha contra la corrupción, no existe la materialización de un sistema de justicia que garantice una disminución significativa de impunidad, lo cual exacerba la pérdida de legitimidad de la administración de justicia y en las instituciones democráticas y mantiene el circulo vicioso de la corrupción.
Por tanto, en Colombia, país con alto grado de impunidad, es necesario dejar de seguir normalizando el fenómeno de la corrupción, por el contrario, se hace indispensable, realizar un fuerte control a la inversión pública, con total rechazo social y jurídico, a quienes desvían los recursos públicos para beneficio de intereses particulares.
