jueves, 16 septiembre 2021
jueves 10 de junio de 2021 - 12:00 AM

Veeduría y control social

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Columna de
Marcela Pabón

En las últimas semanas, ha sido necesario recordar a las administraciones públicas de Santander la importancia del rol de las veedurías, en el control social de la gestión de lo público, con el fin de asegurar la participación democrática de la sociedad civil y asegurar el derecho de realizar el seguimiento y control de los proyectos y programas financiados con recursos públicos, sobre todo, en temas sensibles, que afectan a la población vulnerable, como es el caso del Programa de Alimentación Escolar PAE.

Las veedurías son un mecanismo democrático de representación de los ciudadanos, que permite vigilar la gestión pública, realizando labores de control social, a los planes y programas de interés general y propendiendo por el correcto funcionamiento de los mismos. Este control social es un elemento esencial para la construcción de relaciones de confianza entre la ciudadanía y las entidades públicas, siendo también, el control social, un derecho y un deber ciudadano, que busca en últimas, acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, en especial, promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan.

En ese sentido es importante indicar que los resultados del ejercicio de veeduría, deben comunicarse a la comunidad interesada, con una información veraz, objetiva y transparente, sin considerar si es del agrado o no, de la entidad revisada, teniendo en cuenta que uno de los pilares por los que se rige la labor de veeduría es, precisamente, el principio de autonomía, que valga decir, es la condición indispensable para el ejercicio libre de la vigilancia ciudadana sobre la gestión pública.

Las administraciones públicas están llamadas entonces a ejercer sus funciones a puertas abiertas, permitiendo el control social de su gestión, en concordancia con los principios de transparencia y acceso a la información, lo cual permitiría la promoción de escenarios de retroalimentación para que las entidades puedan identificar oportunidades de mejora y, además, generaría escenarios que fomentan la cultura de la legalidad y el respeto por lo público. Para ello es necesario que el papel de las veedurías se reconozca como una fuerza directa que coadyuva en el cumplimiento de los objetivos de un Estado social de derecho igualitario y participativo.

MARCELA PABóN
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