jueves, 16 septiembre 2021
jueves 24 de junio de 2021 - 12:00 AM

¿Y quién protege al denunciante?

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Columna de
Marcela Pabón

En el Congreso cursa actualmente la aprobación del proyecto de Ley 341 de 2020, para la adopción de medidas para la promoción de la Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción.

Uno de los pilares más importantes en este proyecto de ley buscaba incorporar herramientas de protección a la seguridad personal y laboral, para aquellos que reporten o denuncien actos de corrupción.

No obstante, el Congreso de la República, en el primer debate de Comisión Primera del Senado, eliminó del proyecto de ley la totalidad del capítulo de protección al denunciante. Ya en el 2020, la Cámara de Representantes había retirado a petición del Gobierno, el proyecto de Ley 008 de 2019 llamado Pedro Pascasio Martínez, por las múltiples modificaciones realizadas en los debates legislativos, al clausulado del proyecto que buscaba el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y la protección al denunciante.

El Congreso elimina la posibilidad de crear un contexto de protección especial a los denunciantes de actos de corrupción, a pesar de que, en un país como Colombia, bien se sabe, revelar hechos criminales, acarrea serios riesgos de retaliaciones en contra de quien denuncia, de tal manera que los denunciantes podrían ser considerados población vulnerable, que requiere de medidas efectivas para la garantía y el amparo de sus derechos. Lo reafirma, los resultados del Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia International 2019, el cual señala que, en Colombia, el 78% de los encuestados consideran que la denuncia sí puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, pero así mismo creen que si denuncian casos de corrupción, efectiva mente, sufrirán represalias.

La falta de garantías en el proceso de denuncia es uno de los factores que incide notablemente en la problemática de la impunidad, por cuanto entre mayores obstáculos y riesgos para el denunciante, evidentemente, menor será la posibilidad de obtener información y colaboración del ciudadano para identificar, exponer e investigar, actos de corrupción en la esfera pública y privada.

Sin la aprobación de estas medidas de protección al denunciante, el proyecto de ley anticorrupción queda cojo, reflejo vivo de la justicia coja que persigue sin mayor éxito a los corruptos.

MARCELA PABóN
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