jueves 01 de junio de 2023 - 12:00 AM

la vida y los territorios

Columna de

En perspectivas de futuro y cambio para un país en paz y democracia hay necesidad de respaldar las iniciativas del nuevo plan nacional de desarrollo y las reformas sociales presentadas al congreso de la república por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, un tema central que poco difundido a profundidad, son los tratados y acuerdos de inversión extranjera. Desde los años 90 los diferentes países de América latina y el Caribe firmaron cientos de tratados internacionales que establecen un poder ilimitado con un sistema de acuerdos internacionales de inversión que se firman entre estados que protegen exclusivamente la inversión extranjera otorgándoles a estas empresas transnacionales derechos sin precedentes, entre ellos la capacidad de demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideren que sus ganancias han sido afectadas por acciones de los gobiernos.

Hoy, 30 años después se evidencia que dichos tratados están lejos de haber logrado el desarrollo prometido. Por el contrario, como el caso del Estado Colombiano, se encuentra en obligación de atender 21 demandas de inversores extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, dichas demandas fueron iniciadas por inversores de Canadá, EEUU, y países de Europa, en buena parte provienen del sector de minería e hidrocarburos, de ellos 13 casos pendientes suman US$ 2.800 millones de dólares. Además de dificultar la implementación de políticas públicas de desarrollo, es muy grave que persista el desconocimiento en estos tratados de la autonomía del sistema judicial colombiano, los derechos humanos y la soberanía nacional.

Una carta dirigida al presidente Petro y al Congreso de la República con esta preocupación ha sido enviada por numerosas organizaciones nacionales e internacionales solicitando que el Estado inicie una revisión integral de los acuerdos de inversión y tratados de libre comercio TLC que contengan el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado, que permita denunciar, renegociar o rescindir urgentemente los acuerdos y tratados de inversión, defender la independencia y roll del poder judicial nacional además incluir las garantías de los derechos humanos y constitucionales en futuros acuerdos y tratados.

Jcastellanospulido17@gmail.com