Como si no fuera suficiente el hecho de que Santander el pasado martes registró mayor número de infectados que Alemania, Italia y México, vivimos una pandemia que supera los aspectos de salubridad; la llamaremos: el todo vale. Esta condición, que se encuentra enquistada en nuestra sociedad y para la cual no existe más cura que la educación, hoy nos ha demostrado que desconoce cualquier criterio humanista. Cientos de miles de personas mueren a diario a la espera de ser vacunados para el Covid-19, pero acá, en nuestro departamento, y en nuestro país en general, sólo importa cada quien. No interesa que el número de vacunas sea mínimo con relación a la población, ni que las fechas de llegada de las mismas cambien a diario. No, acá sólo interesa lo que cada quien estime como prioritario.
Desde que se adquirió el primer lote de vacunas, se fijaron unos parámetros claros de priorización, que pretendían beneficiar a quienes han estado más expuestos contra el virus. En la medida en que ha pasado el tiempo, hemos advertido cómo el “todo vale” ha estado a la orden del día. Recientemente, la Contraloría General de la República publicó un informe que daba cuenta de la existencia de un registro de 328 personas mayores de 120 años, priorizadas en el plan de vacunación. Ya quisiéramos contar una población tan longeva. No cabe duda de que se cometieron 328 falsedades documentales, sancionables con pena de prisión.
Pensemos que un sujeto cualquiera presenta documentación falsa o certificaciones cuyo contenido no sea real, con el fin de obtener en beneficio suyo la priorización dentro del plan de vacunación. Esta situación, que, en casos extremos, podría incluso configurar un fraude procesal, creemos puede estarse presentando. La razón de ello, más allá de que los límites éticos y morales de nuestra sociedad se ajustan a las necesidades del momento, está en el hecho de que, desde lo más encumbrado de la administración pública, la norma se ajusta al deseo del funcionario de turno.
Defensores, Jueces y Fiscales, por ejemplo, a diario libran una dura lucha en contra de la delincuencia. Aun así, sólo los últimos están recibiendo su vacuna. Pareciera que la priorización depende de si quien llama al Ministro es el “segundo cargo más importante del país”.
