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Rodrigo Javier Parada
Miércoles 18 de mayo de 2022 - 12:00 PM

Ignorancia o apatía

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Hace un par de días la Cámara de Representantes, con una votación de 92 contra 20, dejó por fuera de la atención virtual a la justicia penal. Sorpresivamente, la única especialidad que funcionó a la perfección y de manera ininterrumpida durante la vigencia de la pandemia, retorna a los estrados físicos, donde los aplazamientos son pan de cada día. Hay una historia detrás de esto que vale la pena contar:

El Presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate Ochoa, que se ha jugado su prestigio por la virtualidad, presenció lo que muchos colombianos vimos a través de las redes sociales: al magistrado y vicepresidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, solicitando que la justicia penal no fuera incluída dentro del proyecto de ley que pretende formalizar la atención virtual de la administración de justicia.

Personalmente, pocas veces he visto a magistrados de la corporación encargada de juzgar a los congresistas, en el parlamento interviniendo públicamente para que se apruebe un proyecto de ley. Dijo el magistrado Cadena que en materia penal se debaten garantías y libertades humanas, distinto a lo que ocurre en civil y laboral, como si resolver acerca de un lanzamiento por ocupación o una pensión de invalidez, fueran cuestiones nimias que en nada se relacionan con derechos fundamentales. Lo paradójico del asunto, es que la justicia penal militar quedó incluida dentro del proyecto de ley; seguramente allí tampoco hay garantías en juego, para el magistrado. Faltaba más.

El doctor Cadena fue como un delegado de la Corte; es legítimo. Pero seguramente habría generado menos presión a los congresistas si la intervención en plenaria hubiera estado a cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Incómodo, por decir lo menos, es que un representante del juzgador acuda a la casa de los que pueden ser juzgados.

Y mientras en la Cámara y en la Corte creen que en materia penal la virtualidad no es necesaria, cientos de jueces y magistrados a lo largo y ancho del país ruegan porque el Senado intervenga y ayude a agilizar la cada vez más congestionada jurisdicción. Quienes a diario deben resolver todo tipo de pleitos, han visto cómo miles de audiencias de trámite han podido evacuarse fácilmente gracias a los medios tecnológicos. Ojalá los escuchen. A los litigantes pareciera que no nos creen.

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