Domingo 30 de Abril de 2017 - 12:01 AM

Ley de tierras

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Columnista: Rudolf Hommes

En la columna que publica hoy el diario El Tiempo comencé el análisis del proyecto de ley de tierras que está socializando en gira por varias ciudades del país el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper. Es un paso importante para cumplir con el primer punto del acuerdo de paz. Lo que busca este proyecto es aumentar notablemente el acceso a la tierra para los que no lo tienen. La idea, como le dijo Samper al diario El País de Madrid, es que “el conflicto colombiano empezó en la tierra y es en la tierra donde debe terminar”. Hace falta que los interesados, principalmente los propietarios de la tierra lo revisen minuciosamente con sus abogados para que cuando se expida la ley, que se va a llamar de “ordenamiento social de la propiedad”, no marque el principio de otro conflicto que se extienda por otro medio siglo.

La lectura de la sección 4 del proyecto de ley, comenzando con el artículo sobre expropiación y adquisición directa, genera incertidumbre e inseguridad sobre la preservación del derecho de la propiedad. Ese es un problema que necesariamente se quiere evitar si se desea que sea tranquilo el tránsito hacia una concepción moderna del uso de la tierra y de su valor intrínseco, despojándola de los atributos emocionales que posee en Colombia que han sido obstáculos para lograr un mayor acceso de la tierra en general, y a que tengan suficiente acceso a ella los campesinos y a los productores pequeños, que son los que usan la tierra más eficientemente.

Una ley sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra no puede ignorar, como lo hace este proyecto, que la agricultura comercial hace un enorme aporte en términos de inversión, innovación, absorción de riesgos y contribución al empleo, a la producción y a la seguridad alimenticia. Esta ley sería la oportunidad para subsanar dos aspectos muy importantes que impiden el desarrollo agropecuario. En primer lugar reducir la limitación al tamaño de los predios que no pueden sobrepasar un determinado número de UAF’s; y en segundo lugar subsanar la ausencia de un marco regulatorio e institucional que provea reglas de juego claras y equitativas para la ejecución de proyectos asociativos entre empresas agroindustriales, campesinos y pequeños propietarios, incluyendo la creación de instituciones que los regulen y supervisen. Algo similar hace falta para que el estado pueda emprender estos proyectos en asociación con campesinos y otros productores sin caer en las redes del clientelismo, ni llevar a la ruina a sus asociados.

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Autor: Rudolf Hommes
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