En 2021, en el país se emitieron 372 sentencias condenatorias y 1.344 personas fueron imputadas por situaciones de presunta corrupción.
Esta semana se hizo público que una contratista de la Presidencia de la República, Karen Váquiro, firmó 24 contratos con 16 entidades estatales en los últimos 19 meses por 1.245 millones de pesos, coincidencialmente, justo durante el período en que su esposo, Andrés Mayorquín, fue asesor de la jefe de gabinete de Duque, María Paula Correa. Con solo 27 meses de experiencia laboral, Váquiro, fue contratada por la Aeronáutica Civil, el Icetex, la Superintendencia de Vigilancia, la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras, el Archivo General de la Nación y otros más. Su cónyuge, como consecuencia del escándalo, fue desvinculado el pasado 11 de enero a pesar de estar siendo investigado desde hacía dos meses. Un nuevo escándalo de corrupción en el centro de la estructura gubernamental sacude a Duque, que hoy cuenta con solo el 22% de aprobación popular.
No deja de ser llamativo que justo esta semana, la vicepresidenta Ramírez escriba en una columna en Vanguardia que el gobierno que ella representa lanzó hace unos años una cruzada contra la corrupción, con el fin de evitar casos como los que se han hecho públicos recientemente. Abudinen, Váquiro y tantos otros casos son ejemplos de que la política sigue teniendo fisuras y que siempre que se quiera robar, se puede.
Pero que se intente argumentar, como se ha intentado, que la voluntad política del gobierno Duque es real y que la prueba es que estos escándalos se hagan públicos, es creernos muy tontos. Si los casos de Abudinen y Váquiro hubieran sido denunciados por parte del gobierno y no investigados y hecho públicos por medios de comunicación, uno se creería ese cuento. Pero algo falla en esa cruzada anticorrupción que anuncia la vicepresidenta si no es ella o las dependencias de su gobierno las que denuncian la corrupción: o el sistema de control es ineficiente o hay complicidad de algunos funcionarios que siguen exprimiendo el Estado en favor de sus intereses privados.
