Las ciudades deben responder a las necesidades de sus habitantes actuales y futuros. Estas necesidades se encuentran en los Planes de Ordenamiento Territorial, que contienen los documentos técnicos que evidencian la realidad de cada territorio a través de componentes demográficos, ambientales, de hábitat, movilidad, servicios públicos, entre otros, y abarcan también las políticas, programas y estrategias que se deben implementar para atender dichas necesidades.
Al mismo tiempo, existen los Programas de Gobierno que propone cada candidato para cumplir lo establecido en el POT. Por esto el voto popular para la elección de los alcaldes, gobernadores y presidente se llama voto programático, porque se elige un programa en consecuencia.
El candidato ganador, o mejor, el programa ganador, se convierte en el Plan de Desarrollo del nivel al que corresponda la elección: nacional, departamental o local.
Bajo esta lógica normativa, las ciudades deberían atender sus necesidades desde el programa del candidato electo, mediante su implementación en el Plan de Desarrollo, la adaptación del Plan de Ordenamiento Territorial y las obras de infraestructura coherentes con ese propósito. Sin embargo, los municipios en Colombia se quedaron en el tiempo y las metas territoriales están diseñadas, pero no se ejecutan.
Con excepción de Medellín y Barranquilla, que han sido las ciudades que hasta hace poco despertaron de la somnolencia institucional, el resto de municipios de Colombia se encuentran en un estado de inmovilidad de tales proporciones que el caos que se avecina, en temas como la movilidad, por ejemplo, no tiene precedentes.
Un buen ejemplo, tal vez el más diciente, es el metro de Bogotá, que está planeado desde 1947. Entonces la ciudad tenía 400 mil habitantes y se discutió la necesidad de tener un sistema de transporte masivo que respondiera al crecimiento natural y migratorio. Hoy Bogotá tiene 8 millones de habitantes y todavía no hay ni un metro del metro.
A esta desidia institucional se le suma ahora la fuerte advertencia del presidente sobre desfinanciar el resto de las obras de infraestructura de Bogotá si el metro no se hace subterráneo, a pesar de estar concesionado y listo para su construcción con una inversión de 22 billones de pesos.
Las ciudades en Colombia, además de estar atrasadas 30 años en la ejecución de sus obras, ahora están expuestas a la inseguridad jurídica producto de posiciones que solo destruyen sobre lo que se ha construido.
Desconocer los proyectos de los gobiernos anteriores, va en contra de los ciudadanos y del bienestar de todos.
